La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía afirma que la prisión de Córdoba ha denegado, en un hecho sin precedentes, el acceso del Defensor del Pueblo Andaluz a sus instalaciones. En este sentido, el abogado de esta organización Valentín Aguilar explicó ayer que numerosas fuentes han confirmado los hechos y se preguntó "¿qué se puede estar escondiendo?" para que se haya adoptado esta postura, con la que se podría estar limitando las competencias de esta Institución dependiente del Parlamento de Andalucía.
Aguilar recordó el artículo 49 del Régimen Penitenciario, que indica que "las comunicaciones orales y escritas de los internos con el Defensor del Pueblo (...), autoridades judiciales y miembros del Ministerio Fiscal no podrán ser suspendidas, ni ser objeto de intervención o restricción administrativa de ningún tipo", por lo que lo acontecido, a su juicio, "merecería una explicación contundente por parte del Ministerio del Interior".
De este modo, subrayó que los presos se dirigen "con mucha habitualidad" a esta Institución, que en los últimos años "ha dado muchas veces la razón a los presos y a las organizaciones". También calificó este hecho como "bastante grave" y comentó que "no tiene ningún sentido". El abogado de ADPHA señaló que desconoce el motivo de la visita que pretendía hacer el Defensor a la cárcel de Córdoba y aclaró que puede ser "mera coincidencia" que la denegación del acceso haya tenido lugar en esta prisión. En cuanto a las medidas que podría tomar esta Institución, explicó que puede pedir auxilio al Parlamento o iniciar "las acciones judiciales que correspondan". Valentín Aguilar abundó en que desde hace años se ha retirado el permiso a APDHA para acudir a la cárcel de Córdoba como colectivo y esto mismo ocurrió en la de Granada. Este periódico ha intentado conocer la postura de Interior y de la oficina del Defensor del Pueblo sobre este asunto, pero por el momento no ha sido posible.
