Los inspectores de Hacienda que intervinieron ayer como peritos en el juicio al empresario y exconcejal de UCOR Rafael Gómez y sus cuatro hijos por fraude fiscal apuntaron a que hubo una «conducta defraudatoria» en el grupo de empresas. Además, resaltaron la «gran confusión» que existió en las operaciones efectuadas entre las sociedades que lo formaban y aseguraron que se produjo un uso «torticero» de las mismas para pagar menos impuestos.

La cuarta sesión del juicio comenzó con la retirada por parte del fiscal de la acusación por uno de los supuestos delitos fiscales, tanto para Gómez como para sus cuatro hijos, por un «error material». Con esta decisión, las penas solicitadas son ahora de 40 años de prisión para el empresario y de 19 años y tres meses para cada uno de los hijos por diez y siete delitos, respectivamente. Además, queda fuera una de las empresas implicadas en principio (Arenal 2000 de Inversiones) y la deuda defraudada pasa a cifrarse por el ministerio público en casi 53 millones de euros.

Antes de comenzar a desgranar cada uno de los delitos, los inspectores de Hacienda se ratificaron en sus informes en los que, como señala el fiscal en su escrito de acusación, se desvela como «principal anomalía de gestión» la existencia de multitud de operaciones intragrupo en las que «la supuesta voluntad individual de cada persona física o jurídica quedaba diluida en la voluntad única del grupo de empresas». En este contexto, recordó el fiscal, había «múltiples operaciones que no están debidamente soportadas en documentos contractuales»; «deslocalización arbitraria de rentas y patrimonios» entre las distintas sociedades del grupo, y una «confusión evidente entre los intereses y voluntades patrimoniales de las sociedades y las rentas y patrimonios personales». Además, el «desorden administrativo y operativo», según el fiscal, no se limitó a las operaciones intragrupo, sino que también en otras con terceros se aprecian «errores sustanciales».

Uno de los peritos llamados como testigo no dudó en asegurar que «las decisiones las tomaba Rafael Gómez» y afirmó que hubo «operaciones intragrupo que ponen de manifiesto una conducta defraudatoria». Tantas que «llegó un momento que mi equipo no daba abasto» a analizarlas, señaló quien lideró la inspección.

«La problemática hay que mirarla en conjunto; hay que mirar el bosque y no los árboles», apuntó uno de los peritos, ya que había una «gran confusión en las operaciones» entre las distintas sociedades. Además, añadió otro, «se utilizaban de forma torticera», para tributar menos. Por contra, los peritos llamados por las defensas hicieron hincapié en que las operaciones vinculadas son algo «normal» y que «en ningún modo» hubo anomalías.

OCULTACIÓN // En cuanto a los delitos concretos, ayer se analizaron solo dos, ambos referidos al impuesto de sociedades y a Grupo Inversor Arenal 2000, en los años 2004 y 2006. En ambos ejercicios considera el fiscal que se aplicó el régimen de sociedades patrimoniales y que hubo ocultación, y que en el 2004 hubo una aplicación incorrecta de la normativa tributaria al contabilizar como gastos extraordinarios 360.000 euros por los derechos de arrendamiento de 500 hectáreas que luego transfirió a una entidad vinculada. El importe no ingresado en estos dos casos sería de 16,4 millones de euros.

Sobre estos extremos, los inspectores de Hacienda aseguraron, en resumen del propio fiscal tras un largo interrogatorio, que «no se cumplían las condiciones reales para tributar conforme al régimen de sociedades patrimoniales». Los peritos de las defensas, en cambio, sostuvieron que no hubo ocultación y que aplicar este régimen «no fue beneficioso» para la empresa. Además, los letrados de la familia Gómez apuntaron a que la interpretación de Hacienda no es compartida por otros profesionales. A este respecto, un catedrático de Derecho Tributario, a quien el grupo pidió un informe, afirmó que sí que cumplía los requisitos de sociedad patrimonial.