Representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara y la plataforma Stop Desahucios se concentraron ayer en la plaza de La Corredera para reclamar a la Junta que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) no lleve por vía penal los desahucios de las viviendas sociales que gestiona. Afirman que la Junta está vulnerando de esta forma los derechos de los menores y piden que en lugar de llevar a estas familias a los tribunales se les ofrezca una alternativa habitacional.

APDH, Al-Zahara y Stop Desahucios afirman que existen 15.000 viviendas vacías en Córdoba (la gran mayoría propiedad de los bancos), de las cuales 10 son propiedad de la Junta y se encuentran en La Corredera deshabitadas desde hace más de cinco años. «Es cierto que diez viviendas no resuelven el problema, pero paliaría la situación de diz familias», afirman, «por eso llamamos a la reflexión de los responsables de la Junta».

ADPH informó de que se va a presentar una Proposición No de Ley «para instar al Gobierno a penalizar la gestión por vía penal y para que se ponga en marcha una política de vivienda social digna de ese nombre».

Los colectivos no pudieron dar cifras sobre el número de denuncias por vía penal que hay en trámite, pero aseguraron que hay ya algunas personas que han sido condenadas. Asimismo, criticaron «la arbitrariedad de AVRA al aplicar esta medida, ya que no existe un criterio unánime sobre la situación que desencadena este tipo de demandas».

Carlos Arce, delegado de APDH en Córdoba recordó que recientemente se ha dado traslado una pregunta parlamentaria al Gobierno andaluz a través de IU «cuya respuesta nos ha defraudado porque mienten e intentan confundir en sus respuestas». Señaló que además de reconocer que se recurre a la vía penal para los desahucios de familias sin alternativa habitacional, admiten que «es una vía generalizada cuando hay problemas de tenencia o de impago de las viviendas sociales».

Por su parte, Rafael Carmona, como portavoz de Al-Zahara, reclamó a AVRA la rehabilitación de unos 50 locales situados en la zona de Moreras donde están viviendo medio centenar de familias en condiciones infrahumanas. «Esos locales estaban vacíos y fueron ocupados por las familias hace años, pedimos un acuerdo de rehabilitación», reclamó.