El SAF señala contrataciones externas de la Junta "idénticas" a las suspendidas en Córdoba

Según señala en una nota el sindicato, el Tribunal Administrativo le dio la razón y suspendió la resolución de la Gerencia Provincial de Córdoba del ente público andaluz de infraestructuras y servicios educativos, por la que se anuncia la contratación del 'Servicio de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria de pendientes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba'.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha tenido conocimiento de la existencia de expedientes de contratación "idénticos" en fase de licitación y adjudicación en el resto de provincias andaluzas. Asimismo, ha señalado que el objeto establecido en el pliego de cláusulas administrativas particulares de estas siete contrataciones es "análogo al paralizado en Córdoba".

Ante esta "nueva externalización" de los servicios públicos, el sindicato ha mostrado su "preocupación y repulsa" a estos despilfarros que la Administración comete a favor de empresas privadas y cuyos gastos son "exagerados e innecesarios". En esta ocasión, las contrataciones externas que la Administración ha ofertado en cada una de las provincias andaluzas suponen 684.840 euros en Málaga, 530.400 euros en Granada, 585.000 euros en Almería, 224.640 euros en Huelva, 447.720 euros en Jaén, 644.280 euros en Sevilla y 546.000 euros en Cádiz. La suma de estas cifras, junto a los gastos de Córdoba, supera los 4,5 millones de euros.

Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha solicitado al Tribunal Administrativo de la Junta que se declaren nulos los anuncios de licitación y resoluciones de adjudicación citadas, dejando sin efecto los contratos de servicios mencionados y procediendo a la atribución inmediata de dichas facultades al personal funcionario. Además, tal y como ya hizo con la contratación suspendida, el Sindicato pide que se remitan estas actuaciones a los órganos correspondientes para dirimir las posibles responsabilidades en que pudiera haber incurrido los titulares de los órganos administrativos que correspondan por la externalización improcedente de servicios, que pudieran suponer atribución directa o indirecta de potestades públicas a personal ajeno a la función pública y por la cesión del tratamiento de de carácter personal en personal no profesional y sobre el cual no recaen los requisitos de secreto profesional.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha avisado que "esta tercera administración paralela", montada por la Junta a base de contrataciones que gestionan empresas públicas y adjudicadas a terceras empresas privadas, conllevan "perjuicios de muy difícil reparación" como la cesión de datos protegidos o la atribución de potestades públicas a personal externo, que no está sujeto a límites y controles que el derecho constitucional y administrativo impone en aras de una mejor protección del interés público.