La diseñadora cordobesa Juana Martín, especialista en trajes de flamenca e investigada por las supuestas irregularidades en Invercaria, declaró ayer ante el juez que la sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía le «engañó» al acordar una solución para el pago de deudas de la entidad Juana Martín Andalucía, a lo que añadió que en el 2013 hizo pública una deuda de unos 168.000 euros «aconsejada por los gestores», pero no con la finalidad de que no le embargasen una finca de su propiedad.

Así lo subrayó en el juicio del juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba, que quedó visto para sentencia y en el que está acusada de un delito de alzamiento de bienes o frustración de la ejecución de un embargo que se iba a hacer por Invercaria.

En este sentido, aseveró que en la sociedad Juana Martín Andalucía ella se dedicaba a «diseñar», mientras que «la empresa era tutelada» por Invercaria, pero ella sí se encargaba de la sociedad Juana Martín Diseño, en la que «no había consejo de administración», sino que era «una empresa familiar». Ambas sociedades estaban «completamente divididas», según su declaración.

Tras ello, relató que la primera entidad «empezó a tener déficit» y la segunda «pagó deudas», con el fin de que «no muriera», defendió Juana Martín, quien aseguró que le ha dado «la vida, prácticamente», a la primera sociedad, todo ello después de que Invercaria se marchase del consejo de administración, según afirmó. Al respecto, señaló que ella realizó toda la gestión «legalmente». «Incluso la mala gestión de Invercaria es lo que estoy pagando y todas las deudas», apostilló la diseñadora, quien remarcó que no se ha inventado la deuda publicada y que quería pagar, pero le «engañaron» desde Invercaria al decirle en una reunión que se fuera «tranquila, porque iban a buscar una solución de opción de pago».

Juana Martín dijo que tiene «una imagen pública que han destrozado». En el juicio también declararon su padre y un hermano como procesados. El primero señaló que «no participaba» en la gestión, ni firmó «nada», mientras que el segundo expuso que «nunca» intervino en la empresa, salvo cuando en el 2013 firmó un documento para hacer pública la deuda referida en su labor como secretario, «obligada» en la marcha de Invercaria, que «lo gestionaba todo» y dejó la empresa «en ruina», según su testimonio.

LA ACUSACIÓN/ Cabe señalar que la Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel y 5.400 euros de multa para cada una de las personas físicas, así como 7.200 euros para cada una de las dos jurídicas. Y la entidad Inverseed ha pedido para cada uno de los procesados cuatro años de prisión por la supuesta comisión de un delito de insolvencia punible, en su modalidad de alzamiento de bienes.

El presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, explicó en su momento que las reclamaciones judiciales efectuadas a las sociedades Juana Martín Diseño y Juana Martín Andalucía han sido realizadas por Inverseed, pues, «si bien fue Invercaria la que intervino como prestamista en las pólizas de préstamo de las que traen causa las reclamaciones efectuadas, los derechos y acciones derivados de las mismas fueron transmitidos» a Inverseed. Según el Ministerio Público, Juana Martín Andalucía SL adeudaba a Inverseed casi un millón de euros «como consecuencia del impago de los préstamos participativos concedidos por Invercaria».