Isolux Corsán, una de las adjudicatarias de la Ciudad de la Justicia junto a Copcisa Industrial, ha puesto a la venta su participación en la infraestructura judicial que se levanta en Arroyo del Moro, según confirmó ayer la propia empresa, inmersa en un plan de reestructuración en el que ha sacado al mercado varios de sus activos. Sin embargo, «se trata de una cuestión interna» de Isolux Corsán que «no afecta» ni a la situación actual de las obras, que «se mantienen según el programa previsto», ni al futuro de la Ciudad de la Justicia, «dado que la Junta tienen cerrado un calendario de pago», según informaron fuentes de la Consejería de Justicia. Desde la propia empresa también se apuntó que el proceso en el que se encuentra «no tiene por qué afectar a la obra», Además, Justicia recordó que los adjudicatarios «deben cumplir con lo establecido en el pliego», tanto en lo referente a la composición del accionariado como a los plazos, que sitúan la finalización de la Ciudad de la Justicia en otoño del 2017.

Según el pliego, la sociedad adjudicataria se compromete a que no se producirá ningún tipo de variación en el accionariado hasta transcurridos dos años después del levantamiento del acta de finalización de las obras y a que, a partir de entonces, ninguno de los accionistas podrán transmitir la totalidad o parte de las acciones sin la autorización expresa de la Administración.

En la actualidad, según la información facilitada desde Justicia, el accionariado lo componen Corsán Corviam Construcción (48,75%), Copcisa Industrial (26,25%) y AC Jessica Andalucía (25%). Además, las dos empresas accionistas mayoritarias de la concesionaria constituyeron la sociedad Complejo Judicial de Córdoba, dedicada a la construccion del edificio, participada en un 65% por Isolux Corsán y en un 35% por Copcisa.

El contrato de adjudicación, según se explicó tras la firma, establece la concesión de la explotación del inmueble a la constructora por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta. Mientras tanto, la administración autonómica abonará anualmente 8,2 millones de euros a la adjudicataria en concepto de alquiler.

El nuevo edificio que se levanta en Arroyo del Moro albergará la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal.