Un canal de comunicación

El 22 de abril del 2015 el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, dictó el decreto de adjudicación del terreno en favor de la Fundación para su uso privativo, justo un mes antes de las elecciones. Durante la campaña, la entonces oposición ya anunció que dicha concesión mostraba, desde su punto de vista, dudas legales que serían estudiadas en caso de alcanzar la alcaldía.

Se produjo el cambio de signo político en el gobierno local y el nuevo Ayuntamiento trasladó el contencioso al Consejo Consultivo de Andalucía, preguntando «si se puede cambiar el uso previsto en el PGOU de Córdoba de unos terrenos de dominio público municipal integrantes de un sistema de espacios de parques y jardines a equipamiento deportivo, sin llevarse a cabo una innovación-modificación del PGOU». El CCA no admitió la consulta porque «no puede remitirse al Consejo Consultivo por la vía de la consulta facultativa», pero sí avisó de que la concesión se situaba «en vicio de nulidad por ser contraria al ordenamiento jurídico». Era septiembre del 2015 y el Ayuntamiento había paralizado la concesión de permisos e incluso mandó a la Policía Local para la retirada de carteles unos meses antes.

Atascados por los movimientos de unos y otros, se pasó entonces a la batalla de los mensajes mediáticos. El Ayuntamiento propuso que la ciudad deportiva se realizara en los terrenos de Rabanales 21, a lo que el club, en la figura de su presidente de entonces respondió que no iría «nunca» allí «porque no me da la gana». El gobierno local quiso, con este ofrecimiento y otros gestos, mostrar que no pretendía ir a ninguna guerra, de ahí que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo insistiera en que «el Córdoba tiene en el Ayuntamiento a un aliado» en sus pretensiones. El máximo accionista de la entidad blanquiverde, por su parte, se fue de la presidencia sin cumplir su palabra de dotar al club de patrimonio y de unas instalaciones dignas antes de abandonar su cargo, a pesar de declarar la SAD unos beneficios récord de más de nueve millones de euros.

Visto el callejón sin salida en el que se encontraba el proyecto, el Córdoba optó por irse a los tribunales el 25 de abril del pasado año, casi un año después de que la cesión del terreno encallara reglamentariamente. Desde estas páginas se informó de que el entorno legal del Córdoba CF valoraba en más de 20 millones de euros el daño patrimonial que, entendía, había provocado el gobierno local a la SAD, aunque en la reclamación ante el Contencioso-Administrativo dejaba abierta como «indeterminada» la cuantía o pretensión económica derivada de la decisión del Ayuntamiento, aunque sí solicitaba el pago de las costas a la otra parte. El pasado día 3, este periódico adelantaba que la decisión del magistrado Pérez Jiménez era claramente favorable a la línea defendida por el gobierno local y, de hecho, aquel argumenta que «la concesión acordada pugna frontalmente con la normativa urbanística», por lo que entiende que «existen signos de posible ilegalidad que justifican el proceder» del gobierno municipal al anular la concesión del terreno, de uso público y en zona verde, para uso privativo.

Ahora, aquella valoración millonaria por supuesto daño patrimonial queda en el aire, aunque en vista de la decisión judicial se abre un periodo de reflexión, sobre todo teniendo en cuenta que las relaciones entre las partes han experimentado una leve mejoría en los últimos meses. Ese «aliado» será necesario para el Córdoba en la siguiente batalla que se le presenta: la demanda de desalojo de la actual ciudad deportiva, en Camino Carbonell, interpuesta por el Grupo Tremón. El club tendrá que abrir, más que nunca, un canal de comunicación si pretende avanzar en sus proyectos.