El borrador de convenio que el Ayuntamiento de Córdoba ha remitido a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta para la colaboración en el programa andaluz en defensa de la vivienda propone que ambas instituciones se comprometan a propiciar, siempre que tengan viviendas desocupadas disponibles, el realojo provisional en una de su titularidad, de sus entes instrumentales o del fondo social de la vivienda que se genere con las entidades financieras, en régimen de arrendamiento, de las personas que hayan sido privadas del uso y disfrute de su residencia habitual y permanente por razón del desahucio o lanzamiento por ejecución hipotecaria en virtud de una resolución judicial, cuando se encuentren en situación de riesgo de exclusión social y así de determine por la Consejería de Fomento y Vivienda sobre la base de los informes sociales del Ayuntamiento de Córdoba.
En ese mismo borrador, la institución municipal se compromete a facilitar a la delegación territorial de Fomento y Vivienda la información que le sea solicitada procedente del registro municipal de demandantes de viviendas protegidas al objeto de ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual de su residencia habitual y permanente.
El convenio que van a suscribir ambas administraciones tiene por objeto establecer líneas de colaboración para ofrecer a los residentes en el término municipal el asesoramiento, la intermediación y la protección adecuadas para prevenir que, como consecuencia de la actual situación de crisis económica, puedan perder su casa cuando atraviesen dificultades constatadas por dichas instituciones, que la pongan en riesgo, con la finalidad de evitar que sean privadas de la misma.
La oficina de Córdoba se pondrá en marcha en septiembre.
