El Colegio de Arquitectos de Córdoba quiere más transparencia en la aplicación de las normas urbanísticas y en la interpretación que están haciendo los técnicos de las mismas para evitar muchos de los problemas que se están encontrando y que están denunciando los colegiados, que ven cómo unos técnicos dicen una cosa y otros, otra. La junta de gobierno de este colectivo profesional ha acordado exigirle al Ayuntamiento y a Urbanismo que aplique «de manera urgente» la ordenanza reguladora de la transparencia, acceso a la información y reutilización de la información, aprobada por el Pleno, trasladándola a las normas urbanísticas.
El Colegio de Arquitectos demanda «una publicación de acceso público, actualizada y de fácil consulta, que garantice la viabilidad de los proyectos para que no surjan requerimientos que se podrían haber evitado». El colectivo ha denunciado en más de una ocasión «la falta de información sobre las interpretaciones que derivan de estas con quiebra de la seguridad jurídica» y «de los derechos de los ciudadanos como consumidores».
El Colegio de Arquitectos se encuentra con frecuencia que, ante una situación no recogida «literalmente en lo estipulado en las vigentes normas urbanísticas», el técnico de turno o la Gerencia de Urbanismo toma una decisión y esta no queda «consensuada e inmediatamente publicada y tramitada legalmente para conocimiento de todos». Esto le parece «inverosímil», ya que considera que la publicación y tramitación legal «evitaría una evidente inseguridad jurídica en la aplicación de las normas».
Por otro lado, el Colegio de Arquitectos considera que aplicar la ordenanza de transparencia en Urbanismo «puede contribuir también a paliar, lo que se viene denunciando» sobre «los interminables plazos para la obtención de licencias urbanísticas».
Esta misma semana, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) se ha reunido con Urbanismo para abordar el retraso de las licencias urbanísticas. El Colegio de Arquitectos también ha tenido reuniones con el organismo municipal sobre el mismo problema. La junta de gobierno del órgano colegial ya se pronunció en junio sobre una situación que, como adelantó este periódico, consideran «grave» e «insostenible», y para la que piden un plan de choque.
