El Colegio de Abogados de Córdoba se unió ayer a la campaña nacional promovida por el Consejo General de la Abogacía, por la que exigen la suspensión de la aplicación del IVA a la asistencia jurídica gratuita. Así lo expresó ayer la diputada responsable del turno de oficio del Colegio, María del Carmen Bohollo, acompañada de la totalidad de la Junta de Gobierno de este y numerosos representantes de la Agrupación de Abogados Jóvenes de Córdoba.

Recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha impuesto un 21% de IVA a los servicios prestados por abogados en el sistema de asistencia jurídica gratuita en Bégica, lo que ha llevado a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a interpretar, a partir de esta sentencia, que el servicio que prestan los abogados del turno de oficio de España también está sujeto a IVA. Una situación «que no es aplicable aquí, ya que el modelo español es público, obligatorio y nada comparable con el de Bélgica», apuntaron desde el organismo cordobés, subrayando que este «cambio de criterio» pone «en riesgo» el sistema público vigente, además de «burocratizar de manera importante la prestación del servicio por los abogados», lo que conllevaría un «detrimento de estos servicios para el ciudadano».

La preocupación del sector de la Abogacía gira en torno a la responsabilidad del pago de este incremento, ya que no ven «lógico» el emitir una factura a los ciudadanos por unos servicios que «se suponen que son públicos». La Junta de Andalucía, encargada del pago de estos servicios a los abogados del turno de oficio, aún no se ha pronunciado sobre esta situación, según informan desde el Colegio, lo que provoca la preocupación de este sector ante la posibilidad de que la Junta incluya este 21% al pago que estos reciben, «lo que reduciría el baremo de los profesionales».

Por ello, los colegios de abogados y el Consejo Andaluz están negociando este baremo con la Consejería de Justicia, además de la subida del 10% rebajado en el 2012. Ante esta «guerra de administraciones», según el Colegio, los abogados «están dispuestos a movilizarse en contra».