El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación de comisión "por omisión y de desobediencia de resolución judicial" contra la consejera de Hacienda y Administración Pública, la secretaria general para la Administración Pública, la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, el presidente del Consejo Consultivo, a cuatro consejeros electivos y al letrado mayor, toda vez que "se han soslayado sentencias firmes" del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el concurso de méritos de funcionarios.
En una nota remitida a Europa Press, el SAF considera "un despropósito innecesario" que la consejera contemple en la solicitud del dictamen al Consultivo la posibilidad de "una disposición con rango de ley" que "soslayara" las sentencias del TSJA y constate que la Junta "no comparte la doctrina del Tribunal, aunque por imperativo del artículo 118 de la Constitución se ha visto obligada a acatarla".
El SAF ha manifestado su indignación en la denuncia, "con una extensa prueba documental", y recuerda que "no existe controversia jurídica entre TSJA, Tribunal Supremo (TS), Tribunal Constitucional (TC) y Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la valoración de servicios previos como interino, ya que el fallo comunitario recoge el requisito de experiencia para participar en promoción interna y no la antigüedad del baremo en el concurso".
Ha lamentado que la Junta "propició la judicialización del último concurso que culminó el TSJA con varios fallos firmes que dan la razón a SAF y afirman que valorar la interinidad en este caso vulnera derechos fundamentales".
El SAF califica de "inconcebible" el dictamen del Consultivo. A este respecto, dos consejeros han recordado en el voto particular la "obligatoriedad" de cumplir los fallos firmes y advierten de que "se convierte al Consejo Consultivo de Andalucía en una especie de Tribunal de Apelación o de Casación frente a resoluciones judiciales que no son del agrado de la Administración autonómica, reprochando además que éste (el TSJA) anulara una disposición sugerida por el Consejo en el dictamen 310/2004, y tras haber sido condenado en costas".
Ambos consejeros concluyen que "no existe contradicción, como interesadamente se quiere hacer ver" y que se pretende "desvirtuar las sentencias firmes" del TSJA "y convertir al Consejo Consultivo de Andalucía en coartada de una decisión política", algo que el SAF considera "peligrosísimo" en su denuncia.
Asimismo, ha apuntado que esta batalla judicial "no es nueva", y ha recordado que el SAF "ha logrado desde 2004 incontables sentencias firmes al respecto, pero más de 21.000 funcionarios sólo han podido participar en un concurso en los últimos cinco años, cuando deberían haberse resuelto al menos cinco".
El SAF ha asegurado que continuará luchando por convocatorias semestrales de concursos, como establece el decreto 2/2002, ya que "su ausencia daña gravemente las expectativas profesionales de los trabajadores, su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar con desplazamientos sin retorno y la calidad de los servicios públicos ante la falta de reposición de efectivos que supone encontrar centros de trabajo casi sin funcionarios, como sucede en oficinas del SAE con menosde la mitad del personal".
