La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) alerta con motivo del Día de los Derechos Humanos que se celebra hoy de que «la pobreza y la exclusión afectan a dos de cada cinco andaluces» y, por ello, pude «un compromiso formal del Gobierno andaluz con la situación de pobreza que padece Andalucía y cuyas dimensiones son descomunales, 40 años después de las manifestaciones por la autonomía que intentaron poner fin a las desigualdades», en alusión a las del 4 de diciembre de 1977.
Apdha informó ayer en Sevilla de que la pobreza y la exclusión «marcan el día a día» de dos de cada cinco andaluces --el 41,7% de la población--, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La organización lamenta que, «detrás de los números, un total de 3,5 millones de personas en Andalucía malviven, ajenas a una supuesta recuperación económica, exhibida por el Gobierno central y autonómico, que ni siquiera atisba la mayor parte de la población. Al contrario, la pobreza y la exclusión social se mantienen y en algunos casos se acrecienta».
UNA POBREZA del día a día // Asimismo, Apdha critica «las apabullantes cifras de una pobreza que se encuentra cercana, palpable, y a pie de calle», y añade que «esta realidad se traduce en serios problemas de la población para llenar la nevera, pagar las facturas de la luz o el agua, hacer frente a la hipoteca o a la mensualidad del alquiler, en el peor de los casos, a encontrarse sin hogar».
«Es prioritario y urgente cubrir las necesidades básicas de la población en situación más vulnerable», critica la asociación, al tiempo que se ha cuestionado «de qué recuperación económica habla el Gobierno autonómico cuando un 52,8% de los andaluces no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y un 78,1% tiene dificultades para llegar a fin de mes, a tenor de los datos del INE y de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza (EAPN-A)».
Una de las raíces de la pobreza en Andalucía, a juicio de Apdha, se encuentra en el acuciante desempleo. A pesar de que los datos son «alarmantes --uno de cada cuatro parados en España es andaluz según los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)--, es relevante no porque el desempleo en sí mismo defina la pobreza, sino porque el empleo remunerado no es una garantía para dejar de ser pobre», añaden.
Asimismo, la asociación señala que «en esto juega un papel fundamental el creciente fenómeno de la población trabajadora empobrecida que, aunque realice una labor remunerada, ello no les permite el acceso a una vida digna», y apunta que, «muestra de la nefasta calidad del empleo creado es que de los más de 400.000 empleos creados en noviembre en Andalucía, sólo 17.000 fueron indefinidos».
«Un panorama laboral azotado por la feminización del desempleo», ya que, según han argumentado, el 58% de las personas desempleadas en Andalucía son mujeres, según los datos de noviembre del SEPE. Asimismo, otro de los ejes que marcan la silueta de la pobreza en Andalucía, según Apdha, «es la emergencia habitacional que padece la comunidad», y la asociación observa como «irracional e inhumana la coexistencia de miles de viviendas vacías y miles de familias sin derecho a ellas».
DESAHUCIOS // Así, los datos del Consejo General del Poder Judicial indican que los desahucios no solo no han descendido, sino que se han incrementado en Andalucía, pasando de 26,2 diarios de media en 2016 a 30,6 en el primer semestre de 2017, según datos del Consejo General del Poder Judicial. «Estos desahucios han sido promovidos por bancos y financieras, pero también por la Agencia Pública de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y por muchos ayuntamientos con parque propio de viviendas», lamenta Apdha.
Asimismo, la asociación reitera que «la Junta de Andalucía y los ayuntamientos no deberían desahuciar en ningún caso a familias de una vivienda pública sin agotar la vía del diálogo y la negociación, sin ofrecer alternativas reales y recurriendo a la vía penal, provocando la criminalización de la población más vulnerable». Además, la «falta de alternativas habitacionales está abocando a miles de familias, provenientes mayoritariamente de la clase media y obrera empobrecida, a la ocupación de una vivienda como única solución». Por el contrario, estos defensores de los Derechos Humanos han planteado «la construcción de nuevas viviendas sociales, evitando la creación de guetos».
Por ello, la Apdha pide «la paralización de los desahucios de primeras viviendas y de los cortes de suministros básicos (luz y agua)» y, urgentemente, «recursos eficaces y suficientes para las personas sin hogar que de manera vergonzante para la Junta viven y duermen en la calle». Además, propone la creación de un plan participativo multidisciplinar para la erradicación del chabolismo, «terreno en el que poco o nada se ha avanzado, abordando también la dramática situación de los campamentos donde viven cientos de personas migrantes en las zonas agrícolas».
