La Junta de Andalucía rescindirá sus contratos con empresas que durante dos meses consecutivos no abonen los salarios a los trabajadores, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos y los empresarios para incluir cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la administración autonómica. La presidenta andaluza, Susana Díaz, que presidió ayer la firma del acuerdo, destacó que la Junta es la principal empresa de Andalucía, con un impacto económico en torno a los 6.000 millones de euros anuales y, por eso, este acuerdo «debe servir de ejemplo para el resto de administraciones».
El acuerdo incluye cláusulas, algunas de obligado cumplimiento y otras recomendaciones, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que contratan con la Junta y, así, se valorará a las comprometidas con la calidad del empleo, con la igualdad de oportunidades a través de la conciliación de la vida laboral y familiar y con el medio ambiente.
Las empresas contratistas de la Junta estarán obligadas a respetar los convenios sectoriales, a subrogar a los trabajadores respetando las condiciones laborales, y también se primará en la adjudicación el acceso al empleo de colectivos con dificultades como las personas que perciban rentas mínimas, con discapacidad o parados de larga duración, entre otros. Asimismo, las empresas de más de 250 trabajadores tendrán que disponer de un plan de igualdad
En materia medioambiental, se establece la prohibición de contratar con empresas que incumplan la legislación ambiental o hayan sido sancionadas por infracción muy grave en materia social, de forma que quedan excluidas las licitadoras con cincuenta o más empleados en cuya plantilla no estén contratados al menos un dos por ciento de personas con discapacidad.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha elaborado una guía que recoge las cláusulas que deben incluirse de forma obligatoria en los pliegos de las contrataciones, así como recomendaciones de carácter general que tendrán en cuenta los órganos de contratación.
La presidenta de la Junta, que agradeció a los agentes sociales su compromiso, se felicitó por que se garantice la igualdad de oportunidades de quienes acceden a la contratación pública. Díaz también saludó que se dé un «paso importante» para conseguir una sociedad «más decente en lo laboral, más justa en la social y más respetuosa con el medio ambiente». También ensalzó el compromiso social de acuerdo, ya que se protegen las condiciones laborales de los trabajadores de las contratas con «salarios justos», se facilita la conciliación familiar y laboral y se ampara a los colectivos con más dificultades de inserción laboral.
La secretaria general de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, que celebró que es un «día importante para la clase trabajadora», resaltó el compromiso de la Junta de no sustituir a empresas contratistas que cuentan con representación sindical por otras que no la tengan. Para el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, se ha conseguido una «vieja aspiración» de este sindicato y celebró que este acuerdo evita que en las «bajas temerarias las empresas usen como rehenes a los trabajadores».
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, destacó que Andalucía es pionera con este pacto, ya que suple algunas carencias en la contratación pública al no haber traspuesto el Gobierno central tres directivas europeas sobre la materia. Valoró también que el pacto sea fruto del acuerdo social y que tenga como objetivo el empleo.
