La consejera de Fomento y Vivienda en funciones, María Jesús Serrano, ha acusado hoy al Gobierno de "amenazar" a la Junta con bloquearle unos veinte millones de euros en ayudas al alquiler de viviendas para colectivos desfavorecidos si no corrige la órdenes que regulan dichas subvenciones.
En rueda de prensa, la consejera ha explicado que el Gobierno ha enviado a la Junta un requerimiento previo de recurso contencioso administrativo exigiéndole que modifique la orden de marzo pasado de ayudas al alquiler, dotada con quince millones, para que la Junta exija a las familias beneficiarias que estén al corriente de sus obligaciones de pago con Hacienda y con la Seguridad Social.
Si no se introduce ese requisito, el Gobierno "amenaza" con no aportar la financiación para esas ayudas, acogidas al plan estatal de vivienda y que financia en su totalidad el Ejecutivo central, ha asegurado la titular de Vivienda de la Junta.
El Gobierno andaluz cree que "no tiene sentido" exigir a las familias vulnerables y desfavorecidas que estén al corriente de sus obligaciones tributarias para tener derecho a las ayudas al alquiler y, además, según María Jesús Serrano, la ley permite exoneraciones de ese tipo y, de hecho, la Junta lo ha aplicado en otras ocasiones.
Miles de personas estarían afectadas por una posible paralización de las ayudas, ya que a los incentivos al alquiler, recogidos en la orden de marzo, se han presentado 28.000 solicitudes, y la Junta calcula que podrían beneficiarse unas 7.150 familias.
También estaría afectada por el "bloqueo de las ayudas", según la consejera, los beneficiarios de otra orden de agosto del 2014, dotada con 4,3 millones, para ayudar a pagar el alquiler a colectivos desfavorecidos, y actualmente está en fase de revisión y baremo de las solicitudes.
No obstante, la consejera ha asegurado que los servicios jurídicos de la Junta estudian alternativas para que se resuelva este problema y no se bloqueen las ayudas al alquiler.
Tras lamentar la "falta de sensibilidad" del Gobierno de Mariano Rajoy, lo ha acusado de "boicotear las medidas" implantadas en Andalucía en defensa al derecho a la vivienda, y ha advertido de que "Andalucía no va a parar ni a retroceder en el camino emprendido de defensa del derecho a la vivienda" de los ciudadanos.
El plazo dado por el Gobierno para que la Junta subsane el problema concluye el 6 de junio, según la titular de Vivienda, que ha denunciado la nula voluntad de diálogo de los representantes del Gobierno constatada ayer en la comisión bilateral del plan estatal de vivienda, celebrada ayer en Madrid.
Serrano ha sostenido que el Gobierno hace una "malinterpretación" del artículo 13 de la ley de subvenciones al obligar a los beneficiarios de las ayudas al alquiler a estar al corriente de pago en sus obligaciones tributarias porque, según la consejera, permite excepciones, que son a las que se ha acogido la Junta en su orden de incentivos.
El pasado marzo la Junta publicó en el BOJA la orden de incentivos para ayudar a familias con escasos recursos a afrontar el pago del alquiler de una vivienda, que prevé cubrir el 40 % de la renta mensual con un límite máximo de ayuda de 2.400 euros anuales por inmueble, cuyo alquiler no debe superar los 500 euros mensuales, y fija un tope de ingresos de 18.600 euros netos anuales.
"No premiamos a los que no pagan, pero si hay víctimas de desahucios no sólo no pueden pagar las hipotecas sino otras deudas", ha argumentado la consejera, que ha incidido en que muchas familias se ven en la tesitura de "comer o pagar deudas e hipoteca". EFE
