La juez que archivó la denuncia presentada contra la concesión de la mina de Aznalcóllar, por parte de la Junta de Andalucía, a la empresa Minorbis-Grupo México está investigando la denuncia por tráfico de influencias que presentó la empresa perdedora del concurso, Emerita Resources. Fuentes judiciales han explicado a Efe que la juez de instrucción número 3 de Sevilla, Patricia Fernández, resolverá la denuncia cuando reciba la información adicional que ha pedido a la Policía y también a los denunciantes. El tráfico de influencias que se investiga está relacionado con la actuación del exdelegado de la Consejería de Empleo en Córdoba Andrés Luque García hacia la empresa Magtel, que forma parte del grupo ganador del concurso minero.
En opinión de la juez, "resulta pertinente investigar" las relaciones entre Magtel y el exdelegado de Empleo de la Junta en Córdoba, a quien la firma cordobesa contrató con unos honorarios de 10.000 euros mensuales, sin IVA. El dinero se lo habría pagado en concepto de asesoramientos en calidad de administrador único de la empresa Fisur, que Luque García creó tras dejar sus cargos en la administración andaluza. Durante el tiempo en el que Luque García desempeñó cargos en la Junta, las empresas del grupo Magtel recibieron tres subvenciones de la Junta que sumaron 2,5 millones de euros. La juez ha pedido a la Policía que averigüe si realmente Luque realizó trabajos de asesoramiento a Magtel.
