La ex jefa de Formación de Málaga defiende que los cursos "cumplieron los requisitos"

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía, Almendro Flores ha dicho que ella y su equipo son funcionarios y que, como tal, cumplieron "en todo momento con las funciones encomendadas de control y seguimiento. "Se ha hecho conforme a la normativa vigente", ha subrayado la exjefa de servicio.

La funcionaria ha explicado que durante su periodo al frente del puesto se impartieron más de 10.500 cursos y se formó a más de 170.000 alumnos. No obstante, no ha podido dar cifras sobre los importes invertidos al no estar actualmente en el ámbito de la formación para el empleo.

La exjefa de servicio ha defendido que la gestión de las subvenciones que realizaba su servicio estaban sometidas a fiscalización previa por parte de la Intervención. Además de esa fiscalización, el órgano gestor fue sometido a numerosos controles financieros que "en su inmensa mayoría fueron favorables", ha dicho.

Además, ha detallado en el año 2012, dada la condición de agencia administrativa especial del Servicio Andaluz de Empleo --en el que se incardinaba el servicio de formación para empleo-- la gestión pasa a estar sometida al control financiero permanente y en ese año, "los controles financieros a los documentos de justificación de acciones formativos en Málaga fueron todos favorables, sin observaciones en la justificación de esas subvenciones", ha insistido la funcionaria .

CENTROS Y CURSOS

Almendro Flores ha resumido cómo funcionaba el proceso de acreditación de los centros de formación y, así, ha explicado, que se iniciaba a solicitud del interesado, que se comprobaba que contaba con los documentos necesarios exigidos por la normativa y, después, se visitaba físicamente el centro y el técnico elaboraba un informe y realizaba una resolución acreditando, en su caso, el cumplimiento de las condiciones, que firmaba el director provincial.

Con esa resolución, el centro pasaba a tener un número que luego se incorporaría en la resolución de las subvenciones. La exjefa de servicio ha dicho no tener constancia de si en algún municipio malagueño se impartieron cursos en sedes compartidas de UGT y PSOE pero sí ha incidido en que, para el caso de Málaga, el interventor no encontró incidencias sobre la inscripción o acreditación de los centros.

En lo que se refiere a los cursos que se pueden impartir, la funcionaria ha explicado que existe un fichero de especialidades a nivel estatal y que también hay la posibilidad de inclusión de nuevas especialidades, a la que puede acceder cualquier centro interesado que reúna los requisitos. Además, sobre el coste subvencionable de éstos, ha recordado que es el mismo para cada una de las entidades que lo puedan impartir, cuyos máximos y mínimos se recogen en una norma estatal y otra regional que se calcula en base al nivel de la especialidad, el número de horas y el de alumnos.

Por otro lado, en lo referido al control de la fase de pago de la subvención, Almendro Flores ha recalcado que ésta también está sometida a fiscalización previa y que no se pude proponer el pago de una ayuda sin fiscalización favorable en la fase de concesión. También ha señalado que cada propuesta de pago se fiscaliza de forma individualizada y así se comprueba que cumple con los requisitos.

CONTROLES 'IN SITU'

Al respecto de las preguntas de la portavoz de IU, Elena Cortés, a raíz de los informes de intervención que se refieren a la "ausencia significativa de control de seguimiento", la exjefa de servicio se ha referido a los controles 'in situ' que se realizaban a los cursos y ha explicado que la "tendencia" habitual fue visitar "el cien por cien de los cursos", pese a que la ley únicamente obligada a controlar 'in situ' o a posteriori el 5 por ciento.

Almendro ha explicado que en 2010 hubo una "sobreprogramación" de cursos del 70 por ciento, que coincidió con unas "circunstancias temporales muy concretas" por las continuas mudanzas que realizó la sede del servicio, que hizo "imposible" que el control alcanzara tan alto porcentaje como el resto de los años. No obstante, ha detallado que "el personal de formación siempre ha realizado todos los esfuerzos necesarios para llegar al objetivo adecuado" y que, en todo caso, se cumplió la normativa vigente que --ha reiterado-- solo obligaba a que ese tipo controles alcanzasen ese 5 por ciento y, además, llegaron al 33 por ciento.

Por otro lado, en respuesta a la portavoz de Ciudadanos, Marta Bosquets, la exjefa de servicio se ha mostrado "convencida" de que las entidades que resultaron beneficiarias "cumplieron todos y cada uno de los requisitos que exigía la normativa porque los técnicos así lo revisaban" y ha rechazado la veracidad de algunas informaciones publicadas en medios de comunicación que apuntan a que algunas no estaban al corriente de los pagos de la Seguridad Social, un requisito que, según sus palabras, no es tal para poder ser beneficiaria.

En otro momento de su comparecencia en respuesta a una pregunta del portavoz de Podemos, Almendro Flores se ha referido a las salidas de inspección que realizaban los funcionarios del servicio --unos treinta y pico o cuarenta, de los cuales unos quince técnicos salían a hacer inspecciones-- y ha explicado que el volumen de cursos por cada técnico era "muy elevado" pero que "eso no quita que no se haya cumplido en todo momento la normativa y los objetivos fijados".

Por su lado, el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha llamado la atención sobre los expedientes en los que no hay constancia de asistencia de alumnos y la exjefa de servicio ha recalcado que la obligación de controlar y custodiar los certificados sobre la asistencia de los alumnos recae en las entidades beneficiarias y no en la administración y ha contado que en 2010 dio instrucciones para que a los expedientes se incorporasen los partes de firmas.

"Si no están en determinados expedientes puede ser que el técnico lo pidiera y no se lo dieran o porque en el proceso de digitalización se hubiera traspapelado, no le puedo decir el motivo, pero no hay incumplimiento de la normativa porque porque la custodia es obligación de las entidades beneficiarias", ha concluido.