El juzgado de Estepa ha admitido a trámite y ha ordenado practicar diligencias en torno a la denuncia por acoso sexual y malversación de fondos públicos contra el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU-LV-CA), acusado por una ex limpiadora del ayuntamiento.
Fuentes jurídicas indicaron ayer que la denunciante M.R.G., de 32 años, fue detenida en noviembre de 2001 por robar y cobrar dos talonarios de cheques del ayuntamiento, pero a su vez ha denunciado a Sánchez Gordillo por haberle pagado con fondos del ayuntamiento un coche, la entrada para una casa y un aborto.
En la denuncia que instruye el juzgado de Estepa, la limpiadora ha declarado que no sustrajo el talonario sino que se lo entregó voluntariamente el propio alcalde, igual que había hecho en ocasiones anteriores, diciéndole que debía poner los cheques a nombre de algún familiar y "firmando con un garabato como si fuera su firma".
UNA CASA EN HORNACHUELOS
La ex trabajadora sostiene que, por este método, Sánchez Gordillo le dio 601 euros para que se comprase un coche de segunda mano, otros 1.202 euros como entrada de una casa en Hornachuelos (Córdoba) y le pagó una interrupción voluntaria del embarazo en Córdoba.
El juzgado ha admitido a trámite la denuncia y ha enviado un oficio a la Caja San Fernando de Marinaleda para que certifique las personas que han cobrado cheques del ayuntamiento que no sean naturales de ese pueblo, situación en la que se encuentran los familiares de la denunciante que supuestamente cobraron los talones.
Además, ha requerido datos sobre el coche de segunda mano adquirido y sobre el taxista de El Rubio (Sevilla) que, según la denuncia, trasladó a la mujer a Córdoba, por encargo del alcalde, para someterse a un aborto, añadieron las citadas fuentes.
DIEZ AÑOS DE RELACIONES
La denunciante, que asegura que durante diez años mantuvo una relación sentimental con Sánchez Gordillo, fue detenida en noviembre de 2001, junto con otras cuatro personas que cobraron los cheques, después de que el ayuntamiento de Marinaleda denunciase la sustracción de dos talonarios y el cobro posterior de 45.075 euros.
Los detenidos fueron acusados de delitos de hurto, estafa y usurpación de estado civil, ya que uno de ellos fue descubierto después de permanecer 14 años con la identidad de otra persona, en unas diligencias que aún continúan abiertas. La Guardia Civil sospechó que un funcionario estuviese implicado en los hechos.
