La expresidenta de Brasil Dilma Rousseff ha negado su relación con casos de corrupción y ha sostenido que su salida forzada del Gobierno está relacionada con lo que ha denominado la «criminalización» de la gestión fiscal y la búsqueda de «excusas» para condenarla. Rouseff, que participará hoy en Sevilla en un seminario en el que ofrecerá la conferencia El asalto a la democracia en Brasil y Latinoamérica, resumió así en rueda de prensa los acontecimientos que han rodeado su salida del anterior Gobierno de su país.
Según su versión, el proceso de su destitución se ha debido a la conjunción de intereses de los centristas, de la derecha, de grupos ultraconservadores y de la oligarquía, que ha puesto en marcha en Brasil la estrategia política de «cuanto peor mejor», a lo que ha sumado lo que ha definido como la «criminalización» de su gestión fiscal.
