Ciudadanos Andalucía aseguró ayer que están «satisfechos» con los Presupuestos Generales del Estado por los 4.100 millones que han podido «sacar» al Gobierno, pero hizo hincapié en que no son sus cuentas y reclamó al PSOE que tenga «responsabilidad» y que no «bloqueen» su aprobación. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, dijo en rueda de prensa que «evidentemente» no son sus presupuestos, como tampoco lo son los que apoyaron en Andalucía del PSOE, pero destacó que su formación ha tomado la decisión de apoyarlos por responsabilidad y porque España «los necesita». Aseguró que en 2019, si pueden gobernar, habrá unos presupuestos «mucho más justos» y Andalucía será «mejor tratada de lo que ha sido hasta ahora por parte del PP y del PSOE». Romero insistió en que la responsabilidad «tiene que primar a los intereses partidistas» y explicó que tenían dos opciones, uno que era «ponerse de perfil» como cree que ha hecho Podemos, y otro sentarse a dialogar, lo que ha permitido que hayan «sacado» 2.000 millones en políticas sociales y 2.100 en materia económica.
El PP, por su parte, cree que el «auténtico maltrato» a Andalucía viene «de la mano» de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en sus presupuestos y en sus planes, y defendió que donde la socialista «no está ni se le espera» están el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y los Presupuestos Generales del Estado. La portavoz parlamentaria del grupo popular, Carmen Crespo, destacó ayer que son unos presupuestos «realistas y rigurosos», para afianzar la recuperación económica, donde aparecen inversiones plurianuales que supondrán en Andalucía 1.617 millones. Además, resaltó que están provincializados, por lo que son «transparentes», algo que contrapuso a los de la Junta, que «siempre son opacos» al no detallar las inversiones. Lamentó que el Gobierno andaluz salga en una «estrategia de confrontación», ya que señaló que «para predicar hay que dar trigo», algo que argumentó con que en infraestructuras de transporte el Estado destinará el triple que la Junta en 2017.
