La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que pide a la Junta que informe a la Guardia Civil de todos los cursos de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ya desaparecida, y respecto a la cual preguntó a un testigo si servía para financiar al PSOE. El auto, al que ha tenido acceso la agencia Efe, requiere a la Junta para que entregue de forma "inmediata" los expedientes de la Faffe ubicados en el denominado Centro Guadalquivir, o en cualquier otro lugar, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En su interrogatorio al testigo clave en la macrocausa de los cursos de formación, el exresponsable de Formación Ocupacional, Teodoro Montes, Alaya preguntó si el PSOE se financiaba con los fondos que la Junta transfería a través de la Faffe, que habría cobrado 450 cursos sin impartirlos.

El testigo respondió que tenía numerosas dudas al respecto y que no podía contestar antes de señalar que Faffe estaba ocupada por cargos socialistas, mientras que el PSOE-A anunció una queja ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez por "intentar vincular sin fundamento alguno" el caso de los cursos de formación con una presunta financiación del partido.

Además de este auto, la juez ha dictado dos más en los que pide a la Intervención General de la Junta y a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte los expedientes de reintegro de los cursos ya acordados o los que se puedan acordar, mientras que a la Cámara de Cuentas le insta a que le remita sus informes de fiscalización desde 2002.

Tras precisar que sigue una causa por posible malversación de caudales públicos y fraudes en subvenciones, la juez pide a la Consejería de Educación que le remita en 10 días una copia compulsada de todos los expedientes de reintegro instruidos como consecuencia de las irregularidades observadas en la inspección de los cursos.

Por otra parte, el portavoz del PP en el Parlamento regional, Carlos Rojas, le preguntó ayer a la presidenta andaluza, Susana Díaz, si quejarse de la juez que investiga el uso de los fondos para el empleo en Andalucía es ser "implacable" contra la corrupción, como ella ha prometido ser. Díaz le contestó que ella sí cree en el Estado de derecho, que esa queja --aludiendo a la presentada ante el Consejo General del Poder Judicial contra la juez Alaya-- forma parte del Estado de derecho, y advirtió: "El que nos difame nos va a encontrar en los tribunales".

Por último, sa secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, pidió ayer respeto a la justicia y a la presunción de inocencia ante la imputación de sus predecesores, Manuel Pastrana y Francisco Fernández, por un presunto caso de "financiación ilegal" del sindicato a través de los fondos de formación. Recordó que tanto Pastrana como Fernández Sevilla siguen siendo afiliados al sindicato y agregó que no va a ir de "justiciera por la vida". "Tenemos una comisión de garantías confederal que es la que decide esos temas. Y defiendo la creencia en la presunción de inocencia de todo el mundo, venga de la organización que venga o sea de derechas o de izquierdas".