Los andaluces y andaluzas tenemos una cita electoral para renovar nuestro parlamento. En poco tiempo han pasado muchas cosas. Hemos asistido al desmoronamiento del bipartidismo; en las europeas de 2014, entre el PSOE y el PP en Andalucía no pasaron del 62% cuando dos años antes la suma de los dos fue del 81% y cuatro años atrás rozó el 87%. Las últimas encuestas les auguran un nuevo descenso, en el que no pasarían del 50%. Si la tendencia siguiera, podría haber tres escenarios posibles: un pacto PP-PSOE a la alemana entre partidos tradicionalmente antagónicos, aunque similares en el fondo, o bien se tendría que hacer otro, de gobernabilidad o de gobierno, donde los autodenominados partidos de izquierdas, incluyendo aquí al PSOE, gobernaran con una mayoría solida, que podría alcanzar hasta un 70% de los escaños, o por qué no, un gobierno de la izquierda real y sin complejos de parecerlo y serlo. Esta es la teoría. Ahora pasemos a la práctica. Es innegable que Susana Díaz, tan felipista ella, ha disuelto el parlamento por dos motivos. Primero, porque no se sentía cómoda con un socio de gobierno (IU) que, desde su pequeñez , desarrollaba leyes y acciones novedosas que rompían con el estatus quo derivado de la época de la transición, donde la máxima era remover solo lo necesario... Para que nada cambiara. IU promovió una banca pública, a la que los socialistas le tienen autentico pavor (si el fundador del PSOE levantara la cabeza), una ley de la función social de la vivienda que, por cierto, fue recurrida por un PP al servicio de la banca, como recurrieron la subasta de medicamentos, y por último, que los casos de corrupción no se cerraran en falso, sino con acciones reales y compromisos ciertos y tangibles. El segundo motivo era la irrupción de Podemos y su posible consolidación, efecto que doña Susana pretendía desactivar también, adelantando estas elecciones.

Lo cierto es que, actualmente, el cambio se hace más necesario que nunca. Nos merecemos un gobierno limpio, de izquierdas y sin ataduras con un pasado oscuro o con los poderes facticos y que ponga el interés de la ciudadanía sobre cualquier otro.