La Junta aprobó en el 2012 un decreto para regularizar miles de viviendas. Para ello, exigía la elaboración de un inventario de suelo no urbanizable, denominado avance. Acogiéndose a ese decreto, los asentamientos y hábitat rurales diseminados, si cumplían unos requisitos, podrían incorporarse al PGOU en una futura revisión, y las viviendas aisladas tenían la posibilidad de acudir al AFO para lograr su regularización. El problema es que para obtener ese AFO el delito urbanístico debe haber prescrito y no se puede estar en suelo protegido o con riesgo. Eso reduce las posibilidades, que en Córdoba, con avance desde el 2014, se quedan en lo mínimo.

El avance contabiliza 87 núcleos --ver gráfico-- con 4.419 viviendas --son 4.610 si se le suman las industriales--, de los que 47 son asentamientos, con 2.783 viviendas; 37 tienen 1.554 casas aisladas; y solo hay tres hábitat rurales, con 82. Cuando Urbanismo hizo su inventario detectó 629 viviendas en las que persiste la amenaza de derribo al no haber prescrito el delito, es decir, un 14%. Además, un 79% de las casas --3.472-- están en suelo protegido por normativa específica, territorial o urbanística. Dentro de este grupo, hay un 7% --296 casas-- protegidas por la legislación sectorial, como La Torrecilla--La Gitana, Las Pitas, Córdoba La Vieja y La Gorgoja II, que están recogidas por el PGOU del 2001 y condicionadas al plan de mejora pero que el BIC acabó con sus expectativas. El resto forman parte de suelos protegidos de la Sierra o la Vega. Pero hay más problemas, ya que un 68% --3.053-- de las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable se encuentran en zonas con riesgo de inundación o incendio. De ellas, un 37% --1.689-- tienen peligro de incendio en la Sierra; y un 31% --1.364-- están en zona inundable. La amenaza de incendio puede salvarse, si el suelo no está protegido, con planes de prevención y autoprotección; mientras que en la inundabilidad la última palabra la tiene la Confederación Hidrográfica.

Dentro de las aisladas, que son un 35% del total, en un 40% no ha prescrito la infracción; un 94% tienen riesgo de incendio; y un 8% son inundables. En cuanto a los asentamientos, el avance aconseja incluir en una revisión de PGOU suelo de la Vega, entre la A-431 y el río, pero teniendo en cuenta protección, riesgos y afecciones. Por lo tanto, el panorama es complejo.