El caso Torreblanca llegó al Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba en junio de 2008, pero antes desencadenó una de las mayores tormentas políticas que tuvo que esquivar Rosa Aguilar en su etapa al frente del Ayuntamiento de Córdoba.
En enero del 2008 una denuncia periodística desveló que unos agentes de la Policía Local se habrían construido una vivienda sin licencia en la parcelación cordobesa de Torreblanca. El revuelo informativo despertado por el caso habría llevado supuestamente a los ahora imputados a alterar los registros del servicio de Disciplina Urbanística de la policía para manipular los datos sobre esa construcción ilegal y ocultar las pruebas de las infracciones.
Durante semanas, el PP exigió que se creara una comisión de investigación, pero IU y PSOE rechazaron definitivamente esa moción en el Pleno de mayo del 2008. Las dimisiones no pasaron del escalafón técnico --se cesó al entonces jefe de la Policía Local--, aunque la oposición popular trató de esclarecer si desde el ámbito político se impulsó algún tipo de irregularidad. Lo único que consiguieron los populares fue que en el pleno del mes siguiente (junio del 2008) compareciera el entonces concejal delegado de Seguridad, José Joaquín Cuadra, quien defendió "el rigor y la transparencia" de su actuación. Finalmente, la secretaria del Ayuntamiento de Córdoba elaboró un informe sobre el caso y remitió sus conclusiones a la Fiscalía, que a su vez derivó el expediente al juzgado.
