La Junta de Andalucía, personada como acusación particular en el caso de las presuntas irregularidades en cursos de formación, ha reclamado a la juez María Núñez Bolaños que evite imputaciones "prematuras", ya que considera que hay que ser "extremadamente rigurosos" en cuanto a realizar imputaciones "que desgraciadamente llevan aparejada la comúnmente conocida pena de paseíllo ".

En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press , la Junta pone de manifiesto que "no se puede ser ajeno al estigma social que hoy conlleva toda imputación penal, en especial en causas como la presente de seguimiento mediático", a lo que se suma que "no se puede desconocer que, en esta causa, existen actualmente alrededor de 35 imputados judicialmente".

Al hilo de ello, precisa que muchos de estos imputados "aún hoy ni siquiera han sido citados para prestar declaración" ante la juez instructora, añadiendo que "nuevas imputaciones prematuras supondría sobrecargar de nuevas diligencias judiciales la instrucción de una causa ya suficientemente saturada".

La Junta se ha pronunciado después de que Núñez le diera traslado del atestado en el que la Guardia Civil da cuenta de la imputación del alcalde de Hinojos (Huelva), Miguel Angel Curiel (PSOE); de los exregidores de Mijas (Málaga) Antonio Sánchez (PSOE) y Aznalcázar (Sevilla) Dolores Escalona (PSOE), y de Cristina Guerrero Moreno como directora del Observatorio de los Recursos Humanos del Sector Turístico de Andalucía. La Guardia Civil les tomó declaración como imputados por las irregularidades en la gestión y justificación de las subvenciones para la realización de acciones formativas por parte del Consorcio Centro Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio (Ciomijas) y del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades).