El mundo celebra el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro con un panorama que muestra enormes contrastes entre territorios. Existe todavía un limitado número de países en los que esta práctica está prohibida bajo cualquier supuesto (Ciudad del Vaticano, El Salvador, Honduras, Malta, Nicaragua y República Dominicana, entre otros), ni siquiera se permite cuando está en riesgo la vida de la madre. Sin embargo, en la mayoría está permitido, aunque con más o menos limitaciones.

La situación es tan extrema en los países más restrictivos que, según datos de varias ONG, en El Salvador más de 20 mujeres se encontrarían encarceladas por esta causa. En Malta, el único país de la Unión Europea en esta situación, las penas se pueden elevar hasta los tres años de prisión. Allí, el catolicismo es la religión de estado, al igual que en Ciudad del Vaticano.

Sin embargo, son muchos los países que han aprobado en los últimos tiempos más excepciones dentro de los supuestos autorizados para la interrupción voluntaria del embarazo. En la mayoría de los casos llega acompañado del auge del feminismo y de una fuerte presión social protagonizada, en una gran parte, por mujeres. Argentina, Nueva Zelanda, Australia o Corea del Sur son solo algunos ejemplos recientes.

Pero el más reciente está en México: el pasado 7 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaraba que ya no se trataba de un delito en el país centroamericano. Ese gran paso adelante supone un gran alivio para las decena de mujeres sobre las que pesan acciones penales por tratar de abortar cuando no estaba permitido. En muchos casos, ellas mismas intentaron interrumpir el embarazo por sus propios medios, con el riesgo que eso supone para su propia vida.

En España, la situación es distinta. La práctica del aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo se despenalizó en 2010. En concreto, la ley entró en vigor el 5 de julio. Esa ley socialista, aprobada bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, fue modificada cinco años después, ya con Mariano Rajoy en La Moncloa. Los populares obligaron a las menores de 16 y 17 años que quisieran interrumpir el embarazo de forma voluntaria a presentar un consentimiento paterno.

Ahora, el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos quiere volver a modificar el texto. El Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero es el encargado de la reforma legislativa. Para ello, este mismo martes se ha iniciado una consulta pública que tiene como objetivo acabar con los "obstáculos" que dificultan el ejercicio de este derecho y eliminar el "estigma" que aún soporta. "Nos comprometemos a garantizar el derecho al aborto, establecer de manera obligatoria la educación sexual, reconocer la violencia obstétrica e impulsar la incorporación del enfoque de género en todos los servicios de salud sexual y reproductiva", ha dicho en Twitter la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas.

Y es que, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2019 el 87,1% de los abortos se realizaron en entornos extrahospitalarios, de los cuales un 79% fueron en centros privados. Además, hay ocho provincias en las que no se han practicado interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública.

Por ello, una vez más, el colectivo más perjudicado por las trabas de la legislación actual es el de las mujeres con menos recursos económicos. "Es necesario garantizar la intimidad de las mujeres, su integridad física y moral y su derecho a la libre circulación", apuntan desde Igualdad.