El juez Alejandro Abascal ha ordenado nuevas diligencias para determinar si fueron los cinco miembros del comité ejecutivo de ETA -Ignacio de Gracia Arregi, Iñaki de Rentería; José Javier Arizcuren Ruiz, Kantauri; Mikel Albisu, Mikel Antza; Julián Achurra Egurola, Pototo, y Juan Luis Aguirre Lete, Isuntza-, quienes tomaron la decisión de asesinar al concejal del PP Gregorio Ordóñez.

En un auto, notificado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha pedido a la Guardia Civil la localización y análisis de documentación en poder de miembros de ETA relacionadas con Actas de Reunión del ZUBA o Comité ejecutivo de ETA en fechas inmediatamente anteriores, simultáneas y posteriores al asesinato de Ordóñez, el 23 de enero de 1995.

Con ello, el juez trata de determinar la participación de ese comité ejecutivo en el asesinato del exconcejal tras la toma de declaración esta semana al exdirigente etarra Ignacio Gracia Arregi, Iñaki de Rentería, al que acordó retirar el pasaporte para evitar su huida, y en diciembre a Mikel Antza, al que también ha prohibido salir de España.

Una vez practicadas las declaraciones de ambos exjefes de ETA, el magistrado ordena ahora la práctica de nuevas diligencias en orden a determinar la participación del comité ejecutivo en el asesinato de Ordóñez, bien como autores mediatos, bien como responsables del delito cometido por los miembros de la organización terrorista ETA en comisión por omisión.

Para ello necesita corroborar la asistencia a esas reuniones de los dirigentes de ETA que integraban ese comité Ejecutivo, así como los temas y asuntos tratados en esos encuentros (con especial interés en las referencias a acciones contra políticos del Partido Popular en el marco de la estrategia de desestabilización puesta en marcha por ETA a partir de 1994).

Reclama así que se aporte la información que se haya obtenido en dispositivos informáticos obrantes en 138 sellos (precintos judiciales franceses) que fueron intervenidos con ocasión de la detención de Mikel Antza en octubre de 2004 con el objetivo de revisar si entre los datos hubiera informaciones o indicios relacionados con el asesinato del edil donostiarra.

Requiere además la unión a este procedimiento de otra serie de informes y sentencias sobre los cinco dirigentes de la banda terrorista y su participación en atentados y secuestros investigados en otras causas judiciales.

Para acordar estas nuevas diligencias, el juez recuerda el auto dictado en 2015 en el que se admitió la denuncia presentada por Consuelo Ordóñez, hermana del concejal asesinado, contra los cinco exjefes de ETA por su presunta responsabilidad en el asesinato de su hermano como miembros del comité ejecutivo o “ZUBA” de la banda terrorista.

En aquella resolución, se establecía que ETA se asienta sobre la base de una jerarquía basada en una rígida disciplina, que, al amparo de la cúpula o comité ejecutivo, asume todas las funciones directivas de forma que no hay nada que esa cúpula no controle, impulse o dirija, como órgano encargado de que se cumplan las líneas estratégicas de la banda criminal, cuyos miembros ostentan la cualidad de dirigentes y responsables de los principales aparatos del grupo, incluido el militar.

La toma de decisiones, señalaba entonces el auto, para llevar a cabo una acción terrorista aplicando la estrategia diseñada por el comité ejecutivo se difundían a todos los militantes a través de citas orgánicas o cursillos de adiestramiento y publicaciones internas.

“El comité ejecutivo, decide, coordina, selecciona los objetivos, envía la información, entrega el material necesario para atentar, designa genéricamente el objetivo y ordena expresamente llevar a cabo el atentado”, destacaba la resolución.

Después de marzo de 1992 -añadía-, tras la desarticulación de la cúpula de ETA en Bidart, los denunciados, Gracia Arregui y Albisu Iriarte, consiguieron reorganizar estructural y operativamente la banda, incorporando nuevos integrantes a la “nueva dirección de ETA”.

Esos nuevos militantes son Arizcuren Ruiz, Achurra Egurola y Aguirre Lete, que pasaron a integrar el nuevo comité ejecutivo de ETA, entre finales de 1994 y 1995.

Ya en 1993, estos nuevos dirigentes pusieron en marcha la nueva estrategia con la que recuperarse del éxito policial de Bidart y pusieron en marcha una campaña para desestabilizar al Estado con atentados contra militantes del PP y PSOE.

“El atentado contra don Gregorio Ordóñez Fenollar se encuadra en esa 'estrategia de desestabilización de la que forman parte los denunciados a través del comité ejecutivo o cúpula de ETA” en distintos espacios temporales, concluía el citado auto.

Por el asesinato de Ordóñez ya fueron condenados sus autores materiales Francisco Javier García Gaztelu, "Txapote", Juan Ramón Carasatorre y Valentín Lasarte, quien declaró "detalladamente" la forma en que se planeó el asesinato y afirmó que Kantauri le transmitió los datos e instrucciones necesarias para que contactara con dos miembros liberados de con los que colaboraría en el comando Donosti.