UGT Servicios Públicos: “Volver a ser lo que fuimos”

Sanidad Pública, 40 años de la ley que nos igualó. “El 25 de abril de 1986, España aprobó la Ley General de Sanidad, una norma pionera que transformó nuestro sistema sanitario en un modelo universal, gratuito y de calidad y, cuatro décadas después, aquel pilar de la igualdad se desmorona a pasos agigantados, la sanidad pública andaluza muestra los peores indicadores del país, la dependencia se ha convertido en un calvario burocrático donde mueren personas esperando una resolución y la educación pública sufre recortes silenciosos y privatizaciones encubiertas”. Así comienza el análisis que UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, hace de los servicios públicos en Córdoba y en Andalucía. Ante esta situación, continúan, “UGT exige hechos, no promesas, plantillas suficientes, presupuestos adecuados y el fin de la dilación crónica en la ejecución de los acuerdos”.

Para UGT SP Córdoba, “La Ley 14/1986 fue un hito, ya que supuso la creación del Sistema Nacional de Salud, la financiación pública y la universalización del derecho a la protección de la salud y, durante décadas, ese modelo nos hizo iguales, daba igual tu cuenta bancaria o tu código postal cuando necesitabas un médico”, señala el secretario general de la federación ugetista en Córdoba, Aurelio Carrillo.

Sin embargo, su análisis de la situación actual es bastante pesimista, ya que según señala, “hoy Andalucía lidera por primera vez los peores indicadores sanitarios de todas las comunidades autónomas, según el informe anual de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la demora media para una consulta en Atención Primaria roza los nueve días, la labor preventiva y comunitaria ha desaparecido, los hospitales se desbordan y las urgencias, se saturan, una situación que empeora considerablemente en las zonas rurales; por no hablar de las listas de espera superiores a un año para intervenciones quirúrgicas”.

Respecto a uno de los casos que mayor repercusión mediática ha tenido en los últimos meses, el retraso y el error cometido con los cribados de cáncer mama, Carrillo destaca que, “por suerte, hemos tenido menos incidencia en Córdoba, no podemos dejar la sanidad a la suerte”, y ha matizado que “en la provincia se detectaron 63 casos de cáncer de mama en mujeres de 49 años, pero miles de andaluzas han recibido diagnósticos tardíos con consecuencias irreversibles porque los contratos se adjudican con criterios económicos, no sanitarios, y eso no lo podemos permitir”.

Desde UGT Servicios Públicos denuncian que esta situación no es fruto del azar, sino de políticas neoliberales deliberadas de destrucción de lo público. Los recortes masivos en la sanidad andaluza han superado los 20.000 millones de euros, la pandemia de COVID evidenció el colapso, solventado solo por el tesón de los profesionales, y la desatención temporal de otras patologías, pero desde entonces, la crisis no ha cesado” señalan los ugetistas.

Dependencia: un calvario burocrático con muertos en la lista de espera

Otro palo suelto en los servicios públicos en Andalucía, indica Carrillo, es “la Ley de Dependencia, que fue concebida para proteger a las personas más vulnerables, pero que en Andalucía se ha convertido en una trampa mortal”. “En la provincia de Córdoba, cerca de 3.000 personas esperan la resolución de grado y alrededor de 1.000 tienen reconocido el derecho a la información pública, pero no pueden recibir la prestación”, ha añadido el secretario ugetista.

Para Aurelio Carrillo “los datos son demoledores en Córdoba, donde mueren cada día varias personas esperando una resolución y el tiempo medio de espera entre fases es de 345 días, alcanzando los 565 días en algunos casos, cuando la ley establece un máximo de 180 días”. Una de las razones de esta situación, ha señalado el responsable ugetista, es que “la plantilla encargada de tramitar los expedientes sigue siendo insuficiente y no se ha adaptado al aumento de la demanda”. Ante esta situación, ha subrayado Carrillo, “UGT exige un aumento inmediato de la plantilla para tramitar expedientes, la gestión directa y pública del sistema de dependencia, y el fin de las políticas de privatización que convierten la dignidad de miles de familias en un negocio”.

La educación pública, la herramienta que iguala oportunidades, también en peligro

Desde UGT SP señalan que uno de los pilares básicos de los servicios públicos lo representa la educación pública, de la que indican que “es futuro, es la herramienta que iguala oportunidades, transforma sociedades y garantiza libertad”. Sin embargo, el análisis del sindicato de la situación de la misma en Andalucía en estos momentos es negativa. Carrillo destaca que “no hay calidad educativa sin inversión, sin profesorado dignificado, sin infraestructuras adecuadas, y las reiteradas reivindicaciones de bajada de ratios, mejora salarial e igualación de retribuciones entre comunidades autónomas chocan contra una administración que mira hacia otro lado”.

“La educación es un derecho, no un privilegio”, subraya. Sin embargo, el responsable ugetista señala que “cuando se privatiza un servicio público como está ocurriendo con la FP y la Universidad, la prioridad deja de ser las personas, se nos deshumaniza, convirtiendo la educación un negocio, para lo que necesitan recortar plantillas, precarizar al personal docente y reducir recursos”.

Carrillo insiste en que “sin plantillas suficientes no hay servicios públicos de calidad, por lo que es necesaria la ejecución efectiva de las ofertas de empleo en estos sectores y resto del sector público, como Correos, Seguridad social, gestión de empleo, emprendimiento, agentes forestales, administración local…”.

Volver a ser lo que fuimos

En este 1º de Mayo, desde UGT Servicios Públicos Córdoba instan a las administraciones a implantar un plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, de pruebas diagnósticas y consultas externas, así como a reforzar la Atención Primaria con el personal necesario para su correcto funcionamiento, “una medida ampliamente demandada por la ciudadanía”, destacan.

Por otra parte, exigen aumentar la plantilla de tramitación de dependencia “para garantizar una gestión directa y pública, poniendo fin a las muertes en lista de espera”, así como “revertir los recortes y las privatizaciones, garantizando la calidad y dignidad del sistema sanitario público, universal y de calidad”. Igualmente, exigen blindar la financiación de la educación pública, bajar ratios y dignificar al profesorado.

Carrillo es contundente cuando indica que “40 años después, defender la ley es pasar de las palabras a los hechos” y añade que “la Ley General de Sanidad cumplió su promesa durante décadas. Nos enseñó que la salud es un derecho, no un negocio, aunque hoy ese legado está en peligro real; no queremos promesas que caigan en el olvido, no queremos acuerdos que se incumplan al día siguiente, exigimos hechos. Y finaliza señalando que la Sanidad Pública es vida, la Dependencia es dignidad, la Educación es futuro y si no se refuerzan las plantillas y la financiación con urgencia, dentro de otros 40 años no celebraremos nada, solo lloraremos la pérdida de uno de los mayores logros de nuestra democracia”.