Sanidad y las comunidades aprueban un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual elaborado por diferentes profesionales de las comunidades autónomas y expertas del equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ha sido durante la reunión que se celebra esta mañana de jueves entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades. El objetivo es establecer criterios comunes de actuación profesional, normalizada y homogénea respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual (pasada o reciente) en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los casos de hijas e hijos u otros menores a cargo de mujeres que sufren o han sufrido violencia en el ámbito de la pareja o expareja.

La aprobación de ese protocolo era uno de los puntos del orden del día del Consejo Interterritorial, que tiene lugar en Madrid de forma presencial. Las pautas, informan desde Sanidad, se constituyen con la intención de disponer de una atención sanitaria integral (física, psicológica y social) ágil, respetuosa y eficaz para todas aquellas personas que hayan sufrido, sufran o puedan sufrir violencia sexual, con especial interés en la actuación en los casos de personas en contextos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de minimizar el impacto generado y asegurando su recuperación.

El protocolo cuenta con los siguientes objetivos específicos: garantizar una actuación coordinada con los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Forense y una atención integral a las víctimas de violencia sexual (reciente y pasada), "en el marco de equidad y cohesión" para el conjunto del SNS. Busca, también, sensibilizar y formar al personal sanitario y actualizar el conocimiento "basado en la experiencia y la evidencia científica de los últimos años, proporcionando al personal sanitario herramientas comunes para la toma de decisiones e intervención sanitaria integral, humanizada y de calidad en los casos de violencia sexual".

"Espacio de intimidad"

Se pretende promover "el empoderamiento y la capacitación" de quienes han sufrido o sufren violencia sexual en el servicio sanitario, procurando: un espacio de intimidad y confidencialidad adecuado durante las exploraciones, la recogida de muestras en un acto único, incluyendo la emisión del parte de lesiones, el registro en la historia clínica y el seguimiento de derivaciones y consultas. El texto busca contribuir con su implementación a mejorar la investigación sanitaria en materia de violencia sexual, con relación a la efectividad y eficiencia de las intervenciones sanitarias realizadas.

Se quiere, asimismo, promover "mayor sensibilidad" en el conjunto de profesionales sobre aspectos específicos, que en materia de violencia sexual es necesario tener presente en la actuación sanitaria con personas en contextos de mayor vulnerabilidad que puedan suponer mayor riesgo añadido de no respeto a sus derechos como: discapacidad, problemas de salud mental, migración, identidad sexual y otros, que puedan suponer un riesgo añadido de que sus derechos no sean respetados.

Atención Primaria

Los autores del protocolo destacan dos ámbitos "desde los que es especialmente relevante" la difusión y aplicación de este documento: en primer lugar, desde Atención Primaria, por su proximidad y contacto cercano y continuado con la población, que se traduce en una mayor capacidad y probabilidad de detección de la violencia sexual.

Y, en segundo lugar, desde Atención Hospitalaria, donde sus profesionales pueden mantener una actitud activa y de alerta (sobre todo en servicios de urgencias y en especialidades como Ginecología y Obstetricia y/o Pediatría y Salud Mental), pudiendo realizar preguntas exploratorias ante una sospecha para mejorar la detección y la calidad de la atención que se ofrece.

Tabaco y especialidad de Urgencias

Pese a no estar en el orden del día, el plan 'antitabaco', que contempla ampliar la prohibición de fumar en espacios como las terrazas, también se ha colado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), del que forman parte Sanidad y las comunidades autónomas.

A la entrada a la cita con la ministra Mónica García, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, ha vuelto a insistir en un mensaje ya lanzado estos días: "Fumar no es bueno, pero hay que abogar no solo por la libertad, sino por el diálogo". Además, Madrid ha llevado al Consejo una petición para no penalizar las plazas de Medicina de Familia con el proyecto de Real Decreto por el que se establece la especialidad de Urgencias y Emergencias.

Sacar del cajón

La ministra de Sanidad avanzaba hace apenas unos días algunas de sus prioridades para la nueva legislatura. Entre ellas, destaca el propósito de "sacar del cajón" el plan para endurecer la ley antitabaco. Sanidad ha expresado su voluntad de ampliar los espacios sin humo y limitar los liberadores de nicotina. El Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, estaría sobre la mesa aproximadamente en el primer trimestre de 2024.

La consejera madrileña ha señalado que, aunque no está en el orden del día, se va a debatir "entre todos los consejeros que estamos allí. Lo que estamos de acuerdo es que fumar no es bueno y, desde luego, somos los primeros que hemos apoyado el proyecto Cassandra de deshabituación, pero también creemos que hay que abogar no solo por la libertad, sino por el diálogo, y también lo han comentado en el Ministerio, con los actores implicados que la va a afectar esa medida".

Orden del día

En la reunión del CISNS figuran otros temas. Además de aprobarse el protocolo común del SNS para la actuación sanitaria frente a la violencia sexual, se abordará el proyecto de Real Decreto por el que se establece el título de Médica/o Especialista en Urgencias y Emergencias. Matute también ha aludido a este asunto y ha indicado que ya se presentó en el anterior consejo extraordinario. Madrid ha llevado al pleno presencial una petición al departamento de Mónica García para no penalizar las plazas de Medicina de Familia con la especialidad de Urgencias y Emergencias.

Fátima Matute ha señalado que todavía "hay muchas incógnitas" sobre el texto que, considera, debe ir acompañado de un plan de un impacto económico. "Una de nuestras reclamaciones era que no estaba bien claro si se diferenciaban las plazas de familia respecto a las de emergencia, y que no podíamos penalizar ese número de plazas precisamente creando una especialidad, sino todo lo contrario, que tenía que quedar bien claro que iban a aumentar ese número de plazas tan necesarias", ha declarado.

Especialidad de Urgencias

"Y, desde luego, también tener claro toda la gente que está trabajando en Urgencias, cómo se le va a acreditar para que pueda optar a esa especialidad, y luego si se van a perfilar o no puestos de trabajo. Con lo cual, hay muchas incógnitas que nos preocupan, que espero que se aclaren, y la mayor preocupación es que no se penalicen las plazas de medicina de familia para dividirlas con esta especialidad de Urgencias", ha indicado.