Solo el 2,8% de los más de 40.000 estudiantes que se presentaron la semana pasada a la selectividad en Cataluña escogieron hacer los exámenes en castellano. Mientras, la inmensa mayoría -un 97,2%- optaron por el catalán. La cifra es un poco más elevada que la del año pasado, cuando los alumnos y las alumnas que optaron por el catalán rondaron el 96% tanto en la convocatoria de junio como en la de septiembre.

"El catalán es la lengua de las PAU (pruebas de acceso a la universidad) y lo continua siendo a pesar de las interferencias que se han producido", acaba de explicar la 'consellera' de Recerca i Universitats, Gemma Geis, aludiendo a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que declaró nulas las instrucciones de la selectividad de 2021, cuando se pidió a los alumnos que dijeran a mano alzada quién quería el examen en castellano. El tribunal requirió que las pruebas se debían entregar en los tres idiomas sin que se identificase a los alumnos ni se anotase la opción elegida por cada uno de ellos.

Tras comentar que su departamento no tenía que dar explicaciones al TSJC sobre los datos del uso del catalán y el castellano, Geis ha pedido que se deje de interferir en la educación y en la universidad, creando "conflictos inexistentes". "Seguiremos defendiendo que el catalán es la lengua propia de Cataluña, con la mirada abierta al mundo", ha concluido.

Los días previos a la convocatoria de la selectividad en Cataluña (14, 15 y 16 de junio) se realizaron pruebas para testar tecnología que detectara las opciones de idioma escogidas de una manera anónima y eficiente basadas en códigos QR y geolocalización por bluetooth, en colaboración con el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI). ¿Se volverán a aplicar el año que viene o habrá nuevos métodos? Ante esta pregunta, la 'consellera' ha respondido que su departamento se encarga también de la investigación y que, por lo tanto, no descarta explorar nuevos métodos.

25% en las escuelas

La selectividad no es el único terreno educativo con polémica sobre el uso de los idiomas. Hace escasas semanas, el Consell Executiu aprobó el decreto ley que pretende blindar el catalán en las aulas como respuesta a otra sentencia del TSJC que obliga a los colegios e institutos a ejecutar el 25% de clases en castellano. El decreto ley deja claro el rechazo a los porcentajes de catalán y castellano en las aulas y establece que el Departament d'Educació validará los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos de Cataluña en un periodo concreto de tiempo, eximiendo así a las direcciones escolares de posibles responsabilidades legales.

El nuevo secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, explicó hace unos días en un encuentro con periodistas que "las sentencias están para cumplirse" pero que el ministerio no acometerá -de momento- acción alguna sino que dejará que las autoridades autonómicas catalanas y judiciales hagan su trabajo. El decreto catalán, igual que la actual ley educativa (Lomloe, conocida como 'ley Celaá'), establece que los alumnos y alumnas sean competentes tanto en castellano como en catalán al terminar la enseñanza secundaria.

Ley universitaria

Respecto a la futura ley orgánica del sistema universitario (Losu), Geis ha asegurado que es un texto al que todavía queda mucho camino por recorrer. Efectivamente, la norma de momento solo es un anteproyecto que tiene que volver a ser aprobado en Consejo de Ministros y debatido y ratificado en el Parlamento antes de entrar en vigor, algo que sucederá en el primer semestre de 2023. En todo caso, en opinión de Geis, la norma "debe reconocer las diferencias propias" de las universidades catalanas y ser más flexible en cuanto a la financiación.

El responsable vasco de Educación, Jokin Bildarratz -que mantuvo una reunión con la 'consellera' en Barcelona- también ha dejado claro que la Losu deberá contemplar que hay comunidades, como Euskadi, donde la relación entre la universidad y la empresa "ya tiene mucho camino recorrido".