La Fiscalía ha denunciado por homicidio imprudente al responsable médico de una residencia de ancianos de Madrid al estimar que no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad de un interno de 89 años que falleció el 4 de abril de 2020 y al no aplicar el protocolo ante la pandemia de covid-19.
El Ministerio Público señala que el médico no tuvo en cuenta para el diagnóstico y el tratamiento del citado anciano el contexto epidemiológico de España y no aplicó el protocolo vigente, "privando con ello de una adecuada atención al usuario", y además del delito de homicidio imprudente le atribuye otro de omisión del deber de socorro. En su denuncia la Fiscalía relata que entre el 18 de marzo y el 28 de mayo de 2020 fallecieron en el centro 54 usuarios de los que 45 tenían síntomas compatibles con el coronavirus, y el 6 de abril fue intervenida por la Comunidad de Madrid ante la grave situación que presentaba.
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Añade que muchos de ellos presentaban sospecha de covid-19 "si bien no puede precisarse el número real de fallecidos por esta causa por estar la mayoría de los fallecimientos certificados por médicos externos y no guardar la residencia registro de los motivos de la defunción en esos casos".
Equipo sanitario escaso
La Fiscalía relata que a pesar de tener 156 plazas autorizadas la residencia contaba con anterioridad a la crisis sanitaria únicamente con un médico -el denunciado por la Fiscalía- y siete diplomados universitarios de enfermería que debían dar servicio las 24 horas del día.
El Ministerio Fiscal destaca que "en las fechas referidas el equipo sanitario, ya de por sí escaso, se vio afectado por numerosas bajas médicas y otras incidencias de carácter laboral y dejó a los usuarios sin atención médica todas las tardes y noches además de los fines de semana". "Esa falta de medios materiales y personales llevó al médico denunciado a escribir diferentes cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación en las que manifestaba que no tenían capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes del centro", subraya. En las misivas indicaba que si en las siguientes 48 horas no recibía ayuda su alternativa era desalojar a sesenta usuarios al considerar que solo podía atender al 50%.
Además, indica que el denunciado no mantuvo contacto alguno con el Hospital Universitario Gregorio Marañón, donde se le había designado a la residencia un geriatra de referencia como profesional de enlace ante casos sospechosos de covid-19. "Además ni siquiera activó el protocolo cuando el número de casos de contagio fue en aumento y se produjeron numerosos fallecimientos, tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia, aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería", abunda el Ministerio Fiscal, que también dice que el 4 de abril reclamó a la Unidad Militar de Emergencias una profunda desinfección.
"Hacia el 27 de marzo aparecieron las primeras manifestaciones de la insuficiencia respiratoria vinculada al coronavirus que le produjo finalmente la muerte al anciano ante lo cual el médico no realizó un adecuado seguimiento de la enfermedad y no aplicó el protocolo", concluye.
