Un inicio de junio trágico eleva a 1.000 el número de asesinadas por violencia machista. De confirmarse que la fallecida el sábado en Ayamonte (Huelva) y que la mujer encontrada sin vida ayer en Alboraia (Valencia) son nuevas víctimas del maltrato, el número de asesinadas en España desde el 2003, año en que comenzaron a elaborarse las estadísticas, llegará a la aterradora cifra de 1.000 víctimas. De momento, la estadística oficial recoge 998 muertas, 23 en lo que va de año, 11 más que en el mismo periodo del año anterior.
Solo la cifra, las 1.000 víctimas alcanzadas en un periodo de 16 años y medio (ETA mató a 867 en 40 años), es un registro lo suficientemente desolador como para exigir más contundencia a los responsables políticos, aunque la ultraderecha esté negando la existencia de una violencia estructural sobre las mujeres.
Y eso que la estadística no recoge todas las asesinadas, solo las fallecidas a manos de sus parejas o exparejas. La Delegación del Gobierno está en fase de ampliar los datos con el resto de muertes motivadas por el machismo, pero de momento continúa vigente el recuento que se inició en el 2003. Institucionalmente, con la ley estatal, las autonómicas y el pacto de Estado aún por terminar de aplicar, España ha hecho grandes esfuerzos para acabar con esta lacra. Pero, como demuestra cada asesinato, todavía queda camino por recorrer. Y es que el machismo violento es difícil de corregir solo con leyes. El maltrato «tiene muchas aristas» y «los profesionales que «tratamos de erradicarlo encontramos muchas resistencias», advierte Luisa Velasco, expolicía y experta en género.
DENUNCIAS / De entrada, uno de los principales problemas radica en la reticencia de las víctimas a pedir ayuda. Solo tres de las 23 fallecidas hasta el 7 de junio habían interpuesto denuncia. Y es que las maltratadas «lo ocultan por miedo a las represalias, por vergüenza, porque aún están enamoradas o porque dependen económicamente, por no mencionar que en ocasiones es el padre de sus hijos», dice Natividad Hernández, psicóloga de la Comisión contra los Malos Tratos.
Por contra, otro de los clamorosos obstáculos son los fallos de las instituciones. Y es que la otra cara de la moneda son las que sí se atreven a denunciar y el Estado no es capaz de protegerlas. En el 2018, fueron 14 de las 47 fallecidas. Cada caso es único pero, en términos generales, los expertos denuncian fallos policiales y en la justicia. Por ello, el pacto contempla mejorar la formación de los operadores, aunque es algo que lleva su tiempo y, mientras tanto, muchas víctimas no acuden a las administraciones por desconfianza.
Por último, otra de las grandes dificultades es el comportamiento social: «La sociedad no ayuda mucho, pues se cuestiona la credibilidad del testimonio de las víctimas. Se confunde, de forma intencionada, sobreseimiento con denuncia falsa, lo que hace que la mujer piense que no la creerán y que si denuncia, será peor. No hay momento más desolador para la mujer que ver que su procedimiento se archiva por falta de pruebas, lo que no quiere decir que esté acusando falsamente. Hay que entender que no todas las víctimas tienen marcas visibles de maltrato», reflexiona Velasco.
En la misma línea, Hernández hace una comparación con el terrorismo de ETA y argumenta que mientras las víctimas de la banda tenían un respaldo social, a las «maltratadas se las cuestiona, se las tacha de débiles o de que han sufrido porque quieren». Por ello, considera que el maltrato se acabará cuando la sociedad «tome conciencia» y no sea «permisiva».
Es fundamental además que se imparta una educación igualitaria. «Sé que suena un poco a tópico, pero educación, educación y educación. En el ámbito penal gestionamos los fracasos cuando el daño ya se ha producido, pero para evitarlo hay que prevenir en los colegios y las familias. Cuando todos veamos a las mujeres como iguales, no habrá problemas», concluye la jueza María Gavilán.
