La Policía Nacional ha liberado en lo que va de año a 200 víctimas de la trata de mujeres con fines de explotación sexual -la mayoría de nacionalidad rumana, nigeriana, china y dominicana-, y ha detenido a más de mil personas en las 550 operaciones practicadas para desmantelar estas redes criminales. Leticia Matarránz, inspectora de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional (UCRIF Central), aportó ayer estos datos en declaraciones a los periodistas cuando informaba de la desarticulación de un grupo de origen nigeriano que traía mujeres desde su país para obligarlas a prostituirse en Málaga a cambio del pago de la deuda por el viaje.

Para incrementar el éxito de la lucha contra la trata de mujeres, la inspectora recordó también las distintas herramientas con las que cuenta la Policía Nacional para abordar este fenómeno desde un enfoque multidisciplinar. En concreto dispone de una red de interlocutores sociales, nacional y territorial, integrada por inspectores distribuidos por todo el territorio nacional que mantienen contacto «constante y fluido» con las ONG «con experiencia acreditada» en trata de seres humanos.

Además de esta red, existe el teléfono 900 10 50 90 para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima de las víctimas de estos delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. Según Matarránz, en lo que va de año la Policía ha recibido 2.000 comunicaciones denunciando situaciones de explotación sexual.

RED EN MÁLAGA / En la operación de Málaga, diez mujeres que estaban siendo prostituidas han sido liberadas por la Policía en una operación contra la trata en la que han sido detenidas 15 personas y ha sido desarticulada una organización criminal de origen nigeriano que estaba asentada en Málaga. Las víctimas eran captadas en Nigeria y trasladadas por diferentes rutas hasta Málaga, donde eran prostituidas en clubes de alterne de la provincia y en el polígono del Guadalhorce de la capital, informó la Policía. La investigación comenzó a finales del 2017 gracias a la declaración de una víctima que manifestó haber sido captada en Nigeria a principios de ese año y que fue explotada sexualmente durante 8 meses en el polígono de Guadalhorce.

Los agentes comprobaron que la organización estaba liderada por una mujer asentada en Nigeria, que era la principal encargada de la captación de las víctimas, mujeres en la más absoluta precariedad económica a las que exigían entre 25.000 y 55.000 euros. El compromiso se consolidaba mediante rituales de vudú que se realizaban tanto en Nigeria como en Málaga.