Manuela Carmena ya tiene un plan para luchar contra la proliferación de viviendas turísticas en Madrid. Su Junta de Gobierno dará luz verde hoy jueves a una herramienta con la que el Ayuntamiento confía en frenar el efecto Airbnb que está elevando los alquileres y despoblando el centro de la capital a pasos agigantados desde hace tres años. La normativa, a cuyos detalles ha tenido acceso el periódico Somos Malasaña, protegerá la mitad de los barrios de Madrid (53), entre ellos todos los que se encuentran en el interior de la M-30, la zona donde se centra el negocio de los pisos turísticos.

«Hablando claro, lo que planteamos es una ilegalización masiva de viviendas turísticas», explicó el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, cuando presentó el plan a asociaciones de vecinos y empresas turísticas en un encuentro celebrado hace dos meses. Según los cálculos de su departamento, el cumplimiento escrupuloso del plan acabaría «con el 95% de los pisos Airbnb que operan actualmente en Madrid». La cifra no es pequeña, ya que los últimos datos hablan de que las webs de alojamientos ofrecen unos 21.500 anuncios de este tipo. Algo que ha generado que los turistas representen a día de hoy casi la mitad de la población del distrito Centro (el 45,71%, según un estudio municipal).

Madrid se lanza a legislar contra el efecto Airbnb sin poseer competencias específicas en el ámbito de la vivienda turística, como sí sucede en otras capitales como Barcelona. Lo hace ante la falta de controles por parte de quien las tiene -la Comunidad de Madrid, a la que acusan de haber descontrolado el mercado- gracias a que el equipo de Manuela Carmena ha encontrado una vía a través de la que puede aplicar sanciones: la disciplina urbanística. El Plan Especial de Usos del Hospedaje, que es lo que aprobará este jueves, permitirá sancionar a los negocios turísticos que ejerzan su actividad sin licencia, aunque sean viviendas y estén en el tercero izquierda de un portal.

Los detalles del plan, que afecta exclusivamente a las zonas residenciales (no a los edificios de uso terciario como los de oficinas, por ejemplo), son complejos y muy detallados. Su principal objetivo es «limitar al máximo la expulsión del uso residencial de carácter permanente» dice textualmente. Para conseguirlo, el Ayuntamiento establece cuatro zonas: la primera coincide con los límites del distrito Centro, la segunda alcanza todo Chamberí, Arganzuela, parte de los distritos de Salamanca, Retiro, Chamartín y al barrio de Argüelles.

Sobre estas dos áreas se aplicarán las medidas más restrictivas. A grandes rasgos se prohibirá abrir cualquier tipo de vivienda turística en edificios residenciales, salvo en el caso de que cuente con acceso independiente desde la calle. Es decir, que la entrada a estos pisos turísticos no podrá estar en el portal, una circunstancia que no cumple casi ninguna de las miles de viviendas que actualmente operan en Airbnb y plataformas similares en Madrid. Tampoco se podrán alquilar bajos con acceso directo a la acera, puesto que les exige que la entrada no sea directa.