Decenas de españoles nacidos con malformaciones por culpa de la talidomida recibieron ayer con estupor la noticia de que no cobrarán las indemnizaciones dictaminadas hace un año por un juez de Madrid. La satisfacción por la excelente nueva de entonces ha trocado en zozobra después de hacerse público el fallo de la Audiencia de Madrid, que ha anulado la sentencia original por un detalle técnico. Más de 50 años de lucha salen maltratados de los juzgados, aunque los afectados tienen aún la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo. Lo harán, pero entretanto califican de "mazazo tremendo" y de "golpe muy bajo y muy fuerte" la decisión.

Más de medio siglo después de que naciera el primer bebé malformado, la puerta que necesitaban los afectados para demandar a la farmacéutica alemana Grünenthal la abrió el Gobierno español hace cuatro años, en el 2010, cuando a través de un decreto ley estableció ayudas para 23 víctimas de la talidomida. Aquello sentaba un precedente. Las ayudas fueron rechazadas, pero solo para que dos años después la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) demandara a Grünenthal por "atentado farmacológico". Dos años: la Audiencia dice que la asociación tardó mucho en interponer la demanda, más de los 12 meses que dicta la ley desde el momento en que se tienen los elementos de diagnóstico necesarios para hacerlo.

Grünenthal empezó a comercializar la talidomida en 1957. El medicamento se llegó a vender en más de medio centenar de países y bajo unos 80 nombres comerciales; los médicos lo recetaban a las embarazadas para paliar las náuseas. Miles de bebés nacieron con malformaciones desde entonces, y aunque el vínculo con el fármaco fue establecido desde noviembre de 1961, en España se siguió vendiendo hasta el año 65.

PESIMISMO "Respetamos la decisión de la justicia, aunque no la compartimos", declaró nada más hacerse pública la noticia el presidente de Avite, José Riquelme. Fue mucho más allá: "Este laboratorio mató a más de 5.000 bebés en su momento y dejó a muchos afectados, y eso no ha prescrito, está ahí". "Seguiremos luchando por nuestros derechos", avisó. El fallo original, que celebraba hace apenas un año, establecía una indemnización de 20.000 euros por afectado y punto porcentual de minusvalía reconocido por la Administración. 204 millones en total.