873.000 inmigrantes se han quedado sin sanidad

Los recortes en atención sanitaria emprendidos por el Gobierno del PP, con la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, ha expulsado de la sanidad pública a unas 873.000 personas y ha causado la muerte de al menos tres, según denuncia un manifiesto hecho publico ayer y firmado por 62 entidades sociales y sanitarias.

Los firmantes, entre los que encuentran Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública, Médicos del Mundo y SOS Racismo, reclaman la retirada del decreto de medidas urgentes en el Sistema Nacional de Salud, aprobado en abril del 2012, y las restricciones de la tarjeta que se aplicaron a partir de septiembre de ese año.

Las oenegés y asociaciones consideran que con esas medidas "la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas las personas y pasó a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado", cuando se trata de "población especialmente vulnerable". El manifiesto denuncia las diferencias entre comunidades autónomas (algunas regiones, como Andalucía, no aplican estas medidas) y la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los centros sanitarios, "lo que está provocando el deterioro de la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud".

Los firmantes afirman que incluso en casos en que el decreto reconoce el derecho a la atención, como en el caso de embarazadas, menores o atención de urgencias, "se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos".

El manifesto también recuerda las muertes del senegalés Alpha Pam, fallecido en Mallorca por tuberculosis; la boliviana Soledad Torrico, con una patología pulmonar en Valencia, y la nicaragüense Janneth Beltrán, en un hospital de Toledo tras horas de espera en urgencias. Todos tenían problemas con su tarjeta sanitaria o con su prestación.

MAS GASTO SECUNDARIO Para las entidades, "desplazar la atención a las urgencias genera retraso diagnóstico y agravamiento de las patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su atención". Y exponen que "la exigencia de firma de compromisos de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros impedimentos para el acceso al sistema sanitario han generado un efecto disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en grave riesgo la salud y la vida de las personas". Según las oenegés, las dificultades de acceso de parte de la población a las medidas para evitar el control de brotes epidémicos "tiene repercusiones no solo en el ámbito individual sino también en la salud colectiva".