Condenados a seis años de prisión, prohibición perpetua de ejercer cargos públicos y una indemnización de 450.000 euros por familia afectada por ser culpables de homicidio múltiple involuntario. La fiscalía había pedido cuatro años de cárcel.

Nunca en ninguna parte del mundo se había condenado a un grupo de científicos, responsables de la evaluación de los riesgos nacionales, por no haber advertido a la población sobre la llegada de un terremoto. Pero sucedió ayer, por el seísmo del 6 de abril del 2009 en L´Aquila, a 100 kilómetros de Roma, que ocasionó 309 muertos, 1.600 heridos y la destrucción de las viviendas de 35.000 personas. La sentencia dará que hablar a la comunidad científica del planeta y puede generar alarmas dictadas por un exceso de prudencia en un país de alto riesgo sísmico como Italia. "Nadie querrá hacer nada en la Administración", comentó Filippo Dinacci, uno de los abogados defensores.

El veredicto fue pronunciado ayer en el tribunal de L'Aquila, que aún funciona en una instalación prefabricada. El juez Marco Billi condenó a los siete expertos de la Comisión de Grandes Riesgos, que depende de Presidencia del Gobierno, a una sentencia que los abogados defensores consideran "equivocada desde cualquier punto de vista que se examine" y ya han anunciado que recurrirán. El fiscal Fabio Picuti insistió en que no se juzgaba la capacidad de prever terremotos, sino la evaluación de los "avisos" que mandó el subsuelo.

Los condenados, que figuran entre los máximos expertos italianos en volcanes, seísmos y otras catástrofes, son culpables, según el juez, de haber facilitado a la población de la zona "informaciones inexactas, incompletas y contradictorias". Seis días antes de que se produjera el terremoto, de 5,8 grados en la escala Richter, la comisión tranquilizó a la población y no avisó del peligro, según el juez.