La trayectoria de las cofradías penitenciales cordobesas durante los siglos XVI al XVIII viene salpicada por innumerables conflictos que afloran tanto en situaciones de vitalidad como de postración. Los más frecuentes y extendidos en el ámbito territorial del obispado están provocados por aquellas medidas de los prelados o del cabildo catedralicio, en el caso de sede episcopal vacante, que introducen cambios relativos a las salidas procesionales en Semana Santa o a costumbres arraigadas. Normalmente estas decisiones causan una frontal oposición de los afectados al considerar que atentan a la tradición.
Asimismo las tensiones de las cofradías con las órdenes religiosas, en cuyos templos se hallan erigidas, se producen con cierta asiduidad y en la mayoría de los casos giran en torno a disputas sobre los estipendios a las respectivas comunidades o la propiedad de las imágenes. También surgen diferencias con el clero secular por la percepción de los derechos parroquiales.
Por último, las enconadas pugnas de las hermandades entre sí obligan a una intervención directa de la autoridad eclesiástica. Casi siempre las interferencias en los horarios e itinerarios de las estaciones de penitencia constituyen la fuente de discordia, de ahí que el problema solamente lo encontremos en la capital cordobesa. En cambio, en las localidades de la diócesis no suelen coincidir dos procesiones en la calle a la vez.
Tensiones: Fray Bernardo de Fresneda
Durante las mencionadas centurias se producen numerosos chispazos que evidencian, de un lado, la vitalidad del movimiento cofrade y, de otro, el fuerte arraigo en los distintos estratos sociales. También reflejan el afán por defender valores tradicionales de la religiosidad popular de corte barroco y la firmeza demostrada en ocasiones frente a lo que consideran intromisiones de los titulares de la silla de Osio o abusos de las órdenes religiosas que las acogen en los templos conventuales.
Las primeras tensiones de importancia tienen lugar en la etapa de gobierno del obispo fray Bernardo de Fresneda, quien promulga un edicto en 1573 por el que establece una serie de prohibiciones en las celebraciones de Semana Santa, siendo acogidas por las cofradías penitenciales sin el menor entusiasmo y con un manifiesto rechazo.
El influyente franciscano posee una brillante carrera en el momento de ser promovido en el otoño de 1571 para regir los destinos del obispado cordobés. El nombramiento de confesor real es el inicio de un fulgurante ascenso en la corte de Felipe II, quien deposita una total confianza en su persona y le promociona a la dignidad episcopal en la primavera de 1562.
El ascendiente del teólogo de la orden seráfica sobre el monarca explica y justifica su activa participación en los grandes temas eclesiásticos que se abordan en los consejos e instancias cortesanas, como la aplicación de la normativa aprobada por el concilio de Trento y la reforma de las órdenes religiosas que se canalizan a través de la denominada Junta de Reformación.
El poder del franciscano se debilita paulatinamente y el alejamiento de la corte se produce al ser designado obispo de Córdoba con la obligación de residir en el nuevo destino. El 4 de diciembre de 1572 hace su entrada en la diócesis, siendo el presidente del cabildo catedralicio y obispo de Cartagena de Indias don Juan de Simancas el encargado de darle la bienvenida.
Durante su etapa de gobierno pone en marcha diversas iniciativas de gran repercusión. Por su importancia sobresalen las medidas adoptadas para reformar las costumbres y pautas de conducta poco edificantes. El ambicioso plan tiene una especial incidencia en las celebraciones de Semana Santa, como lo refrenda el edicto promulgado en la cuaresma de 1573.
El documento episcopal contiene prohibiciones que repercuten de manera directa en los actos religiosos que se desarrollan en las calles y templos de la ciudad el Jueves y Viernes Santo preferentemente. En primer lugar, el decreto establece que las procesiones de disciplinantes deben salir y recogerse con luz del día, quedando sin efecto el horario nocturno que hasta ahora venía practicándose por los hermanos de las cofradías penitenciales.
La costumbre de visitar los monumentos en la noche del Jueves al Viernes Santo se ve alterada al impedir que las mujeres recorran las estaciones y visiten las iglesias después de la puesta de sol. Al mismo tiempo, el titular de la diócesis ordena que el oficio de tinieblas acabe de día y las puertas de los templos, sobre todo los de monasterios femeninos y hospitales, se cierren por la noche y se abran al amanecer.
Tenemos constancia de las controvertidas medidas tomadas por fray Bernardo de Fresneda a través de la carta remitida el 17 de marzo de 1573 a Felipe II. En ella el prelado afirma que su pretensión es evitar las ofensas a Dios en tan señalados días del calendario litúrgico.
A pesar de las sanciones y penas impuestas a los contraventores, el edicto provoca un fuerte malestar en las cofradías penitenciales y fieles en general que se ven resignados a cumplir las prohibiciones introducidas. Sin embargo, el religioso franciscano manifiesta que han sido acogidas de buen grado y respaldadas por el vecindario.
El decreto episcopal se mantiene vigente en todos sus puntos en la Semana Santa de 1574 y los predicadores cuaresmales reciben instrucciones para justificar en los sermones las razones que han movido a fray Bernardo de Fresneda a tomar la decisión.
A comienzo de junio del expresado año, Fresneda viaja a la corte llamado por Felipe II, donde permanece un largo período de tiempo. Durante su estancia interviene, a requerimiento del monarca, en las sesiones de la junta encargada de la reformación de costumbres.
El obispo regresa de Madrid y de nuevo se encuentra en la urbe cordobesa en la Semana Santa de 1575 con el objetivo de vigilar el estricto cumplimiento del edicto promulgado dos años antes. Muestra su complacencia por la buena acogida de las medidas adoptadas que, a su juicio, se debe a las exhortaciones hechas a los fieles para justificarlas.
En abril de 1575 escribe a Felipe II en respuesta a la misiva real enviada a los titulares de las mitras acerca de la reforma de costumbres en las celebraciones de Semana Santa. Afirma que, a diferencia de otras diócesis, en la de Córdoba no se permiten puestos de golosinas y dulces en las puertas de las iglesias o en las tiendas y plazas en tan señalados días, mostrándose partidario de suprimirlos donde los hubiere.
Malestar de las cofradías
La imagen ofrecida por fray Bernardo de Fresneda distorsiona un poco la realidad, puesto que existe bastante malestar en los hermanos de las cofradías y fieles en general que se niegan a aceptar de buen grado la imposición del decreto. El rechazo obliga a utilizar a los ministros de la justicia para hacer cumplir la normativa, tomando medidas disuasorias como la guarda de las puertas de las iglesias.
El escrito del corregidor García Suárez de Carvajal dirigido, el 8 de marzo de 1576, al presidente del Consejo de Castilla, Diego de Covarrubias, nos informa cerca de la situación, dejándose entrever esa oposición. Al mismo tiempo, manifiesta un apoyo total al prelado y reconoce las dificultades que presenta el recinto catedralicio para una eficaz vigilancia, debido a sus dimensiones y al bosque de columnas y capillas.
El cabildo catedralicio acuerda en 1578 mantener la prohibición de que las hermandades realicen de noche las estaciones de penitencia
Fray Bernardo de Fresneda permanece al frente de la diócesis cordobesa hasta octubre de 1577, fecha en la que va a ser presentado para ocupar el arzobispado de Zaragoza. De inmediato parte a su nuevo destino y antes de tomar posesión se detiene en Santo Domingo de la Calzada para visitar las obras en el convento franciscano de esa ciudad, cuya capilla mayor había elegido como lugar de enterramiento. Aquí fallece el 22 de diciembre de 1577, comunicándose la noticia del óbito al cabildo catedralicio mediante una carta leída en la sesión capitular celebrada el 3 de enero de 1578.
Al día siguiente los prebendados acuerdan declarar la sede episcopal vacante y realizar los correspondientes nombramientos, recayendo las funciones de provisor y vicario general de la diócesis en Antonio Mohedano de Saavedra y Cristóbal Martínez de Vallecillo respectivamente. Uno de los temas planteados en la cuaresma de 1578 va a ser la prórroga del decreto promulgado cinco años antes por fray Bernardo de Fresneda sobre las celebraciones de Semana Santa.
Los miembros del cabildo catedralicio acuerdan por unanimidad a finales de febrero mantener la prohibición de que las hermandades realicen de noche las estaciones de penitencia. La medida afecta también a los oficios, como se desprende del contenido del edicto aprobado por los capitulares el 20 de marzo para ser difundido en las iglesias.
Las tensiones en el siglo XVII
La Semana Santa de la capital vive una etapa de auge y esplendor en la centuria del seiscientos, como lo prueban la vitalidad del movimiento cofrade penitencial y el fuerte respaldo de los estratos sociales. Numerosas personas se concentran en las calles para ver las procesiones y sobre todo en la iglesia mayor, donde todas las hermandades realizan estación. Los oficios y la visita a los monumentos el Jueves y Viernes Santo registran una gran afluencia.
El protagonismo del clero regular salta a la vista, puesto que de las 18 hermandades documentadas se localizan 14 en los templos conventuales. Esta cifra representa un 78%, mientras que el 22% restante se distribuye por igual entre hospitales y parroquias. Los religiosos que incentivan las fundaciones son los franciscanos observantes, agustinos, mercedarios, mínimos de san Francisco de Paula, carmelitas y trinitarios calzados, dominicos, terceros regulares de san Francisco y basilios.
A diferencia de las parroquias, que cuentan con una dotación fija, las órdenes religiosas masculinas deben buscar sus propios recursos y para ello procuran por todos los medios atraer al mayor número de fieles. Esta vinculación se lleva a cabo a través de distintos medios, siendo uno de los más eficaces la fundación de hermandades y el fomento de devociones populares.
En efecto, muestran un notorio interés en favorecer e impulsar las cofradías al llevar aparejadas la incorporación de miles de personas a la actividad de las iglesias conventuales y a la vez una fuente de ingresos. Resulta bien elocuente que una de las condiciones impuestas a las hermandades va a ser que los sermones y fiestas que celebran a lo largo del año corresponden en exclusiva a las respectivas comunidades. Lo mismo ocurre con los estipendios de las misas por los cofrades difuntos.
La masiva asistencia a las procesiones llega a plantear la suspensión, por miedo a la aglomeración de gente, con motivo de las trágicas epidemias que azotan a la población en los albores y mediados del siglo XVII. También los miembros del cabildo catedralicio se ven obligados a tomar medidas para asegurar el orden en la iglesia mayor.
Con toda seguridad los desórdenes y abusos cometidos son las causas que mueven al cardenal fray Pedro de Salazar en 1688 a suprimir los cubrerrostros de los penitentes y a prohibir que las procesiones de Semana Santa se lleven a cabo de noche. El edicto del titular de la diócesis cordobesa provoca un fuerte malestar en las cofradías pasionistas al considerar que atenta a la tradición.
A finales de marzo de ese año la aristocrática e influyente cofradía de Jesús Nazareno se reúne expresamente para tratar del espinoso tema y acuerda por unanimidad suspender la estación de penitencia en señal de protesta.
El asunto vuelve a plantearse en diciembre de 1688 y se comisiona a don Vasco Alfonso de Sousa, uno de los seises de la cofradía, para que se entreviste con el purpurado y le pida licencia para sacar la procesión de la forma acostumbrada. Las mismas gestiones se llevan a cabo en los años siguientes, como lo refrenda el acuerdo tomado el Martes Santo de 1691 por el que se nombra para este cometido al conde de la Fuente del Saúco en su condición de hermano mayor.
A la postre, el edicto del cardenal Salazar apenas tiene repercusión por la oposición de las cofradías penitenciales de la capital, siendo aún mayor el rechazo en las localidades de la diócesis.
Durante el siglo XVII se producen algunos conflictos graves entre las cofradías penitenciales en la urbe cordobesa, originados casi siempre por disputas referidas a las salidas procesionales de Semana Santa. Uno de los más tensos es el que protagoniza la hermandad de San Diego de Alcalá y San Acacio, erigida en el templo franciscano de San Pedro el Real. La mencionada cofradía desde 1658 viene realizando estación el Viernes Santo, cuando antes lo hacía el Jueves. El cambio origina un grave conflicto en 1660 en el que están involucradas las hermandades de la Soledad, Angustias y Santo Sepulcro que tradicionalmente venían saliendo ese día.
A pesar de que el provisor y vicario general dicta un auto el 9 de abril de 1659 prohibiendo a las cofradías la introducción de novedades en materia de horarios y salidas, la de San Diego recorre las calles el Viernes Santo, produciéndose un fuerte enfrentamiento con la del Sepulcro. La causa estriba en que esta última quiere hacer valer sus derechos de cerrar los desfiles procesionales, habiéndolo impedido los penitentes del cenobio seráfico.
Tras la intervención de la autoridad diocesana, se llega a un acuerdo entre las partes enfrentadas, que firman una concordia por la que los hermanos de San Diego continúan saliendo el Viernes Santo con la condición de que no interfieran los horarios de las demás cofradías.
El cumplimiento del pacto suscrito queda sujeto a una estricta vigilancia, tanto por el provisor del obispado como por las propias hermandades involucradas. Sin embargo, el orden establecido en 1660 se intentará cambiar por la cofradía de la Soledad que solicita en 1689 al cardenal Salazar salir la última. La solicitud viene propiciada por el hecho de ser el obispo religioso mercedario y la sede canónica de la hermandad en el templo de esta orden redentora.
Asimismo durante el siglo XVII surgen disputas entre las cofradías que realizan estación de penitencia por cuestiones de horarios y precedencias. En la mayoría de los casos quedan solucionados a la postre mediante concordias. Un ejemplo lo tenemos en la suscrita por las hermandades de la Vera Cruz y Santo Crucifijo.
La conflictividad protagonizada por las cofradías penitenciales se manifiesta también de forma harto elocuente en las tensiones con las órdenes religiosas en cuyos templos tienen su sede canónica. Tenemos constancia de la disputa habida en los lustros finales de la centuria entre los mercedarios y la hermandad de la Soledad de Nuestra Señora por la propiedad de la imagen titular y de la lámpara de plata de la capilla.
En las postrimerías del seiscientos los miembros de la orden redentora inician un litigio contra la hermandad por no celebrar la fiesta solemne con sermón el día de la Asunción como ordenan las reglas. La falta de recursos obliga a tomar esta medida que perjudica los intereses de los frailes. Al final el enfrentamiento queda zanjado mediante la firma de un acuerdo en 1703 por el que se recupera la función religiosa a partir del citado año.
La centuria del setecientos
A lo largo del siglo XVIII las cofradías penitenciales y la Semana Santa viven dos situaciones bien distintas, cuya línea divisoria viene marcada por el edicto promulgado en febrero de 1744 por el obispo Miguel Vicente Cebrián. La primera se enmarca en la pujanza característica de la etapa barroca, mientras que en la segunda asistimos a un rechazo, bajo unos planteamientos ilustrados, a determinadas manifestaciones de religiosidad popular por parte de los titulares de la silla de Osio.
La nómina de hermandades con advocaciones pasionistas se incrementa en el primer cuarto de la centuria del setecientos con el nacimiento de la de Nuestra Señora de los Dolores y la de la Pasión y Vía Sacra de Nuestro Señor.
La cofradía rosariana de Nuestra Señora de los Dolores se funda en 1717 en el hospital de pobres incurables de San Jacinto. Los actos de culto se centran en un solemne septenario que culmina el Domingo de Ramos con una procesión por las calles próximas. En julio de 1722 el prelado de la diócesis Marcelino Siuri aprueba las constituciones de la segunda, erigida en el templo parroquial de San Lorenzo. La principal obligación de sus miembros será que todos los viernes, domingos y fiestas de guardar, salvo las tres pascuas, "saquen la Vía Sacra al Campo y Calvario del Marrubial o a otro que parezca más conveniente al hermano mayor y albaceas de nuestra cofradía"
La mayoría de los conflictos surgidos hasta la década de los años cuarenta enfrentan a las propias cofradías penitenciales, sobre todo a las que realizan estación el Jueves Santo. Tanto las cuentas como los inventarios de la hermandad del Santo Crucifijo permiten documentar las disputas habidas con las de las Llagas y San Juan Bautista, Pasión de Cristo y Humildad.
Con toda probabilidad una sentencia desfavorable en el pleito con la cofradía del Santo Crucifijo es la causa por la que la de la Pasión de Cristo decide realizar la estación de penitencia el Miércoles Santo preferentemente.
El cumplimiento del horario establecido a las procesiones del Viernes Santo por la concordia de 1660 queda sujeto a una severa vigilancia. Sin embargo, a lo largo del primer cuarto del siglo XVIII surgen problemas con los penitentes de la cofradía de San Diego que obstaculizan el paso de las Angustias por la calle de la Feria a la altura del convento de los franciscanos.
También las situaciones conflictivas enturbian las relaciones de las cofradías con las órdenes religiosas a las que están vinculadas. Una de las más graves la protagonizan en los albores del setecientos los hermanos de la Soledad de Nuestra Señora y la comunidad mercedaria, hasta el punto de que los primeros acuerdan trasladar la sede canónica a otro templo e iniciar un litigio sobre la propiedad de los bienes que pretenden los frailes redentores.
Las tensiones afloran de nuevo unas décadas más tarde y los religiosos dejan de acompañar a los hermanos de la Soledad en la procesión de Viernes Santo de 1725. A finales de marzo de ese año suscriben un documento por el que la cofradía se obliga a depositar en la iglesia conventual de la Merced el paso de la imagen titular al concluir la estación de penitencia. Las relaciones se normalizan a finales de los años treinta, momento en el que la hermandad por mandato del visitador elabora unas nuevas reglas que sustituyen a las primitivas del siglo XVI.
Un largo pleito enfrenta a la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias con los agustinos. En abril de 1722 los hermanos denuncian en un cabildo que numerosos religiosos declaraban públicamente que el grupo escultórico salido de la gubia de Juan de Mesa pertenece al convento. Estos comentarios y la negativa de los frailes a firmar un documento aceptando que los titulares son de la hermandad provocan el litigio.
La hermandad aporta la documentación que acredita la propiedad de las imágenes ante el provisor y vicario general del obispado Francisco Moreno, quien el 2 de junio de 1722 dicta un auto favorable a los cofrades. La revocación del mismo por el prior de la comunidad, fray Vicente de Sandoval, se basa en que la resolución se ha tomado sin citar ni oír a las partes. Al mismo tiempo, apela a instancias superiores como la chancillería de Granada, el metropolitano de Toledo y el nuncio. Tras presentar las correspondientes alegaciones, el juicio concluye en la primavera de 1728 con sentencia en contra de los frailes. A pesar de la resolución favorable, la disputa judicial ocasiona unos crecidos gastos a la hermandad que se anotan en las cuentas.
Muchos conflictos surgidos a comienzos del siglo XVIII enfrentan entre sí a las propias cofradías
No cabe la menor duda de que el litigio sobre la propiedad de las imágenes titulares perturba las cordiales relaciones existentes entre la cofradía y los religiosos del convento de San Agustín. Las tensiones ya se manifiestan en la Semana Santa de 1722, como lo prueba la negativa de los frailes a acompañar a los penitentes el Viernes Santo y el intento de cerrar las puertas de la iglesia. Asimismo el prior se opone a la licencia solicitada a la autoridad eclesiástica por la hermandad para que el clero y cruz parroquial de Santa Marina presidieran la procesión.
También la hermandad de la Pasión de Cristo mantiene un prolongado litigio con los beneficiados de Santiago Apóstol acerca de los derechos por su asistencia y de la cruz parroquial a la procesión de Semana Santa. El 7 de abril de 1784 el hermano mayor y seises firman un convenio con el que se pone fin a las enconadas disputas. A partir de ese año se abona la misma cantidad que perciben los clérigos de la parroquia de la Magdalena de los cofrades del Santo Sepulcro.
La cofradía de Los Dolores
En 1727 se plantea una lucha abierta entre la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores y el capellán del hospital de incurables Jacinto Cuadrado de Llanes. El enfrentamiento alcanza tal gravedad que el presbítero prohíbe a la hermandad la celebración de un cabildo general en las dependencias del establecimiento asistencial.
Los problemas se agudizan y el 21 de septiembre del mencionado año tiene lugar un cabildo general en el cercano hospital de los Desamparados, exponiendo el hermano mayor las causas de la enconada pugna. Al mismo tiempo, propone el traslado de sede canónica como único medio de acabar las continuas disputas.
Aunque la iniciativa recibe el apoyo unánime de los asistentes, la decisión tomada se aplaza hasta mayo de 1728, fecha en la que se convoca un cabildo general de elecciones presidido por el conde de Torres Cabrera. Al consumarse la ruptura, la cofradía se traslada al hospital de los Desamparados, regido y sostenido por el gremio de los sederos.
La solicitud hecha al obispo Marcelino Siuri de llevar la imagen titular con sus alhajas al nuevo lugar de culto va a ser denegada y el provisor general de la diócesis dicta una sentencia por la que la venerada efigie queda en San Jacinto en poder de la congregación servita allí existente.
Sin duda, la cofradía rosariana de los Dolores es la impulsora de la fuerte devoción a esta advocación mariana en la ciudad. La salida del hospital de incurables y la pérdida de la imagen titular, obra del escultor Juan Prieto, son factores decisivos en su postración. Tras permanecer un tiempo en la pequeña iglesia de los Desamparados, cuya calle recibirá el nombre de Dolores Chicos, se establece en el templo parroquial de la Magdalena en la segunda mitad de la centuria del setecientos.
Durante las primeras décadas del siglo XVIII se dictan por las autoridades eclesiásticas medidas de control sobre las cofradías y procesiones de Semana Santa. A finales de marzo de 1707 varios canónigos proponen en el cabildo catedralicio, estando la sede episcopal vacante por fallecimiento del cardenal Salazar, que la estación de penitencia de las hermandades en la iglesia mayor se llevara a cabo antes de anochecer. Al mismo tiempo, se muestran partidarios de cerrar las puertas de los templos en la noche del Jueves Santo.
Posteriormente el obispo Marcelino Siuri promulga en abril de 1718 un edicto en el que establece idénticas prohibiciones. El mandato episcopal se ocupa asimismo del recato que deben guardar las mujeres en el atuendo durante el tradicional recorrido de las estaciones, evitando cualquier ostentación y usando los vestidos de ordinario. Las figuras bíblicas con los característicos rostrillos de cartón y ropajes coloristas que participan en los cortejos procesionales también quedan suprimidas, permitiéndose solamente los cubrerrostros de los penitentes. Finalmente se desea eliminar las comidas y colaciones que ofrecen los hermanos mayores y mayordomos, una costumbre que goza de un gran arraigo.
El edicto de Marcelino Siuri encuentra una fuerte resistencia en las cofradías penitenciales que procuran por todos los medios burlar las prohibiciones impuestas. Un ejemplo palpable lo tenemos en la hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de la capital que mantiene los refrigerios en los lustros siguientes a la promulgación, como lo reflejan los gastos de las cuentas. El rechazo todavía es mayor en las poblaciones del ámbito diocesano, siendo determinante en algunos casos el apoyo que reciben las cofradías del clero local.
Ilustración y religiosidad popular
Como hemos señalado, el racionalismo de la Ilustración desencadena un enfrentamiento con las manifestaciones barrocas de religiosidad popular que gozan de un fuerte arraigo en el vecindario. El fenómeno es una constante a lo largo del siglo XVIII, mostrándose con mayor ímpetu en la segunda mitad de la centuria.
Los actos de Semana Santa se ven afectados por las medidas de los titulares de la silla de Osio que pretenden suprimir tradiciones consideradas irreverentes y contrarias a un fervor auténtico. Asimismo la supresión de los disciplinantes en 1777 por Carlos III tiene bastante incidencia en las llamadas cofradías de sangre que entrarán en una fase de postración.
La crítica, bajo una perspectiva ilustrada, a ciertas formas de religiosidad popular por parte de los responsables de la diócesis cordobesa se intensifica en los años cuarenta del siglo XVIII con el obispo Miguel Vicente Cebrián, quien presta una especial atención a las celebraciones pasionistas.
No cabe la menor duda de que uno de los objetivos prioritarios del prelado aragonés va a ser la depuración de la religiosidad popular, según los planteamientos ilustrados. También influyen los nuevos aires que se respiran en Roma durante el pontificado de Benedicto XIV. Una buena prueba la tenemos en los despachos cursados, inmediatamente después de tomar posesión de la diócesis, a los vicarios de varias localidades en los que ordena la supresión de costumbres en los actos de Semana Santa.
Prohibiciones para cinco municipios
A finales de marzo y primeros días de abril de 1743 el obispo remite una serie de escritos prohibiendo ciertos abusos que, desde tiempo inmemorial, protagonizan los miembros de las cofradías que participan en los desfiles procesionales. La medida afecta a cinco localidades de la geografía diocesana: Cabra, Montoro, Bujalance, Aguilar de la Frontera y Lucena.
El titular de la silla de Osio envía comunicaciones urgentes sobre "observancia del ayuno con motivo de su quebrantamiento en las procesiones de Semana Santa". Los motivos obedecen a los excesos derivados de las colaciones que los hermanos mayores dan a los cofrades.
El 1 de abril se dirige al vicario de Montoro para que ponga fin a la deplorable conducta de los miembros de las hermandades de la Vera Cruz y Jesús Nazareno. Cuatro días más tarde denuncia el quebrantamiento del ayuno con motivo de los agasajos ofrecidos por las cofradías en Cabra e impone también penas canónicas y sanciones pecuniarias.
El obispo Miguel Vicente Cebrián prohíbe los "abusos" de las cofradías que quebrantan el ayuno
Al recibir el mandato episcopal el vicario de la villa comunica la prohibición al hermano mayor de la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y le ordena que salga la procesión inmediatamente después de acabar la del Entierro de Cristo y evitar que la recogida tenga lugar en la madrugada.
Idénticas sanciones establece Miguel Vicente Cebrián en Bujalance por las mismas razones, los excesos y abusos de los refrigerios ofrecidos por los hermanos mayores en Semana Santa. El prelado también considera necesario eliminar los cubrerrostros de los penitentes en Lucena, como se colige del despacho fechado el 28 de marzo de 1743. Una semana más tarde se aplica la medida en las procesiones de Semana Santa de Aguilar de la Frontera.
Las prohibiciones del titular de la silla de Osio representan solo un anticipo de un plan más amplio y elaborado que se publica el 10 de febrero de 1744. En esta fecha promulga un edicto "contra los abusos en procesiones de Semana Santa y veneración de sus sagradas funciones".
El documento consta de un extenso preámbulo en el que justifica la decisión adoptada y de siete artículos referentes a las costumbres que deben suprimirse y a las penas impuestas a los inobedientes. El estudio del mismo permite conocer unas manifestaciones tradicionales de religiosidad popular, cuestionadas por una actitud crítica del prelado que se basa en ciertos abusos y excesos cometidos.
En la introducción de la normativa se alude de forma pormenorizada y explícita a las razones que han motivado el decreto. Los argumentos esgrimidos resultan harto elocuentes en orden a refrendar la necesidad imperiosa de eliminar unos supuestos abusos en las celebraciones de Semana Santa que, a juicio del obispo, se alejan de un auténtico espíritu cristiano y constituyen un mal ejemplo para los fieles.
El artículo primero prohíbe las figuras bíblicas y las escenificaciones pasionistas del Prendimiento, sermón del Paso y acto del Descendimiento que habían logrado un notorio arraigo en el conjunto de la diócesis durante la etapa barroca. Al mismo tiempo, regula el atuendo de los penitentes y acompañantes, permitiendo únicamente la túnica sin cubrerrostro.
El tema de los disciplinantes también será objeto del mandato episcopal en el que se especifican las penitencias que pueden realizar los cofrades, volviendo a insistir en la supresión del cubrerrostro. El edicto establece que "no se permitan en dichas procesiones otras penitencias que la disciplina de sangre con madeja, llevar alguna cruz moderada sobre los hombros o calavera y Santo Christo en las manos".
Evitar los excesos nocturnos
El decreto del obispo Miguel Vicente Cebrián ordena que las procesiones de Semana Santa se realicen con luz del día a fin de evitar los excesos que podrían originar los horarios nocturnos. Esta medida, al igual que la eliminación del cubrerrostro, había sido adoptada sin éxito en las centurias anteriores. Lo mismo ocurre con el cierre de las puertas de los templos en la noche del Jueves al Viernes Santo. También se prohíben los refrigerios que habitualmente suelen dar los hermanos mayores y mayordomos de las cofradías penitenciales.
Por último, se ordena a los miembros del clero secular de la geografía diocesana el cumplimiento estricto de la normativa, bajo el apercibimiento de penas. Asimismo les obliga a difundir el contenido en la misa mayor antes de la celebración de la Semana Santa de ese año.
El prelado pone un marcado interés en la entrada en vigor del edicto y en la vigilancia de su aplicación. Una prueba bien significativa la tenemos en la licencia concedida a la hermandad de la Pasión de la capital el 28 de marzo de 1744 para realizar estación de penitencia en la tarde del Jueves Santo. En la misma dirección se orientan los mandatos dados con motivo de sus visitas pastorales llevadas a cabo en distintas localidades del obispado.
La protesta: procesiones que no salen
A pesar de los denodados esfuerzos, los resultados logrados quedan por debajo de los objetivos previstos, como lo refrendan las hermandades de la capital cordobesa que mantienen en un buen número de casos las tradiciones proscritas. El rechazo al edicto de Miguel Vicente Cebrián se acentúa en las poblaciones del ámbito diocesano, hasta el punto de que en Cabra las cofradías de la Vera Cruz y Soledad de Nuestra Señora se niegan a realizar estación de penitencia en señal de protesta.
También el decreto episcopal origina un fuerte malestar en Montilla, donde las cofradías de Jesús Nazareno y Entierro de Cristo elevan sus quejas al prelado y se muestran partidarias de mantener los horarios acostumbrados, el sermón del Paso y el acto del Descendimiento. Los hermanos de la Concepción Dolorosa abordan el tema en un cabildo celebrado el 3 de mayo de 1745. Tras debatir el asunto, manifiestan una oposición frontal a la imposición y acuerdan que, "si en adelante se ofreciere la misma circunstancia, no salga dicha procesión".
La firme postura de las cofradías de Semana Santa en defensa de sus tradiciones impide que en la práctica se cumpla el edicto, a pesar de que los responsables de la diócesis cordobesa mantengan su vigencia en la segunda mitad del siglo XVIII.
En efecto, Francisco de Solís Folch de Cardona, sucesor del prelado aragonés, reitera las mencionadas prohibiciones. Idéntica postura adopta el obispo Martín de Barcia, quien gobierna la diócesis cordobesa desde 1756 hasta su fallecimiento en 1771. En el curso de la visita pastoral a Lucena en 1765 critica que los hermanos de la cofradía penitencial de Nuestra Señora del Carmen dediquen sus recursos a remunerar a los disciplinantes y sufragar los gastos de comidas que suelen dar a los demandantes, ordenando la supresión de estos dispendios.
También los prebendados del cabildo catedralicio, al asumir el gobierno de la diócesis en sede vacante, se empeñan en eliminar estas tradiciones, refrendando los edictos de los titulares de la silla de Osio y volviendo a prohibir las comidas. Un ejemplo lo encontramos en el decreto dado por el canónigo lectoral Antonio Caballero y Góngora, futuro arzobispo y virrey, en su visita a Cabra en noviembre de 1771.
El problema de los refrigerios alcanza tal gravedad en el conjunto de las hermandades penitenciales que el canónigo Álvaro Zambrano y Baena, visitador de las iglesias de Córdoba en sede vacante, denuncia esta práctica muy extendida y arraigada en un auto dictado el 27 de marzo de 1776.
El visitador general ordena de manera taxativa que los ingresos de las cofradías dejen de emplearse en comidas y amenaza con reprobar las cuentas en las que figuren estos gastos. Al mismo tiempo, prohíbe que los hermanos mayores o los cofrades puedan costear de su peculio los citados refrigerios porque quebrantan el ayuno.
La política seguida por los prelados de la diócesis cordobesa queda reforzada con algunas pragmáticas de la corona que persiguen los mismos objetivos: erradicar determinadas manifestaciones de religiosidad popular. El documento más trascendental será el real decreto promulgado por Carlos III el 20 de febrero de 1777 en el que prohíbe los disciplinantes y el horario nocturno de las procesiones de Semana Santa.
Crisis económica del movimiento cofrade
A lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII constatamos síntomas de crisis en el movimiento cofrade penitencial por razones exclusivamente de índole económica. En 1756 un numeroso grupo de hermandades de la capital cordobesa, a instancia de la de Nuestra Señora de la Paz, establecida en el templo monacal de los basilios en el Alcázar Viejo, acuerda utilizar cirios de un pabilo en las procesiones frente a los de cuatro que venía usando la de las Angustias. Esta se opone al cambio y decide apelar al nuncio.
Sin embargo, en los lustros finales de la centuria la precariedad de medios de la cofradía del barrio de Santa Marina impide una subida de los estipendios de misas y fiestas solicitada por los agustinos, provocando una situación tensa. En abril de 1791 la autoridad diocesana dictamina que el espinoso asunto debe ser objeto de un acuerdo suscrito por el prior de la comunidad y el hermano mayor.
Razones económicas provocan la frecuente interrupción de las salidas procesionales por parte de las hermandades, a pesar de la incorporación a la Semana Santa de la de Jesús Caído que se funda en 1765 en el convento de los carmelitas descalzos y realiza la primera estación de penitencia el Jueves Santo de 1779.
El estado de postración de un nutrido grupo de hermandades resulta determinante en la suspensión definitiva de la estación de penitencia en las décadas postrimeras del siglo XVIII. Hacia 1780 toma esta decisión la cofradía del Cristo de la Expiración y un año antes la de la Vera Cruz. A partir de 1793 deja de hacer el tradicional recorrido en la mañana del Viernes Santo la de Jesús Nazareno, dos años más tarde la de Nuestra Señora de la Paz y la de la Oración del Huerto sale por última vez el Jueves Santo de 1797.
