La profesión de arqueólogo (II)

Son pocos los Grados en Arqueología impartidos hasta el momento en la Universidad española: Autónoma de Barcelona (curso 2009-2010), Barcelona y Complutense de Madrid (curso 2010-2011) y Granada-Sevilla (curso 2013-2014; Jaén se incorporó a ellas en el curso 2014-2015), con un total de unos 200 estudiantes por cada nuevo ingreso. Son Planes de Estudio diferentes en contenidos y niveles de formación y sin la menor uniformidad y coordinación entre ellos, lo que dificulta la movilidad. Conviene no obviar, por otra parte, la diversa realidad legislativa existente en cada Comunidad Autónoma y que, dada la tolerancia al respecto de la legislación vigente, sigue siendo posible de pleno derecho acceder a la carrera arqueológica también desde, por ejemplo, los Grados de Humanidades, Historia e Historia del Arte, a pesar de que los últimos planes de estudio hayan reducido en sus programaciones respectivas la presencia de la disciplina arqueológica a puramente testimonial. Tal circunstancia no tiene por qué ser negativa, cuando se acredita la debida formación (que nunca resultará comparable), pero mantiene abierta la puerta a laxitudes formales que no favorecen la unidad de acción, ni benefician a la credibilidad social de la profesión.

Habría, pues, que clarificar el panorama a partir de la nueva realidad académica, de los desequilibrios y disparidades entre Universidades grandes y pequeñas, de los diversos territorios hispanos y de la múltiple casuística de sus egresados, a los que o bien se les permite ejercer sin la debida cualificación, como ha sido habitual hasta ahora, o bien, cuando no han podido cursar el Grado específico y tienen el pundonor necesario para ello, por cuanto no siempre existen exigencias oficiales al respecto, se ven obligados a completar su formación arqueológica a través de Postgrados de especialización muy costosos y en consecuencia no siempre accesibles, con el riesgo que esto supone de caer en desigualdades sociales flagrantes y poco éticas.

En esto, como en tantas otras cosas, la realidad, la calle, van mucho más deprisa que las aulas y, posiblemente porque en ningún momento se abordó con carácter previo la «cartografía» académica y profesional de la arqueología y los arqueólogos en España, los últimos planes de estudio nacieron ya limitados, incapaces, en su raquitismo, de adaptarse sobre la marcha a un mercado laboral que les es esquivo, entre otras razones porque --¿cabría imaginar mayor paradoja?-- ¡no los reconoce...! No obstante, conviene relativizar esta afirmación, que tiene más que ver con la dura y contradictoria realidad que con cuestionar la necesidad de tales títulos: la nota de corte para acceder a los mismos en las Universidades catalanas y Complutense de Madrid está muy por encima de la media requerida para el resto de titulaciones de Humanidades, lo que da idea de su tirón entre los alumnos. Otra cosa es, en cambio, el nivel de inserción laboral en facetas profesionales relacionadas ‘sensu stricto’ con la arqueología que lleven aparejado.

Los problemas y limitaciones señalados son el mejor indicativo de que debemos cuestionar con urgencia la Arqueología tal como la hemos venido concibiendo estas últimas décadas; adaptarla, potenciando siempre su carácter transversal, a las nuevas exigencias de la ciencia, la empresa y el mercado; orientarla en la misma medida, con altruismo, pero también carácter estratégico, a la comunidad científica, la sociedad y el entorno, si no queremos verla limitada a los despachos universitarios, el autobombo, los egos desmedidos --tan frecuentes en esta disciplina-- y la excelsitud presumida de una ciencia inútil e insostenible, por prescindible, para una ciudadanía obligada sin más remedio a priorizar en qué gasta sus escasos fondos. España ratificó en 2011 su adscripción al Convenio Europeo para la protección del patrimonio arqueológico firmado en La Valetta (1992), cuyo preámbulo reconoce que «el patrimonio arqueológico europeo... está gravemente amenazado de deterioro a causa de la multiplicación del número de obras públicas, riesgos naturales, excavaciones clandestinas o escasamente científicas y la insuficiente conciencia pública». Sin embargo, no parece que haya existido --ni tampoco exista-- voluntad oficial alguna de enmendar las cosas, mucho menos desde la Academia; y es responsabilidad colectiva.

La Universidad de Córdoba apostó hace ya tiempo por potenciar su perfil agroalimentario y sanitario, y desde entonces ha reforzado sin complejos los campus y los centros dedicados a tales materias. No ha entendido, en cambio, el componente extraordinariamente estratégico que habría tenido apostar, además, por un campus patrimonial en sentido amplio, sostenido no sólo por las facultad de Letras, sino también por un Instituto de Arqueología y Patrimonio como el que existe en otras ciudades españolas y, como es lógico, por un título o títulos ‘ad hoc’. Una iniciativa así nos habría permitido definir un sesgo propio, además de reivindicar para Córdoba el carácter de centro patrimonial que por historia le corresponde. Otra oportunidad perdida. Feliz Navidad.

* Catedrático Arqueología de la UCO

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