Opinión | editorial

Caso Negreira, mucho más que estética

Los pagos al vicepresidente del comité arbitral merecen más explicaciones y menos excusas desde el Barça

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en rueda de prensa.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, en rueda de prensa. / VALENTÍ ENRICH

Una investigación de Hacienda, sobre la facturación entre 2016 y 2018 de una empresa propiedad del entonces vicepresidente del comité técnico de los árbitros de fútbol español, José María Enríquez Negreira, ha acabado trasladada a la fiscalía y desvelando unas prácticas abiertamente cuestionables que arrojan una intensa sombra de duda sobre las relaciones del Fútbol Club Barcelona y el estamento arbitral. Ha quedado claro que durante un largo periodo, que abarca las presidencias de Joan Gaspart, Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el club pagó a esa sociedad siete millones de euros. Según el excolegiado, por asesoramientos verbales para obtener un trato «neutral», lo que justificaría la ausencia de justificación documental que disparó las alarmas de Hacienda. Según su hijo y administrador de la empresa, en concepto de vídeos técnicos sobre las características particulares de los equipos arbitrales antes de cada partido. 

No se trata de una actuación solo estéticamente incómoda, como parece que querrían que fuese considerada quienes tuvieron responsabilidades en el club en estas etapas. Salvando la presunción de inocencia y reconociendo que muchos de los hechos, incluso de ser infracciones, hoy estarían prescritas, la relación económica entre un club de fútbol y alguien con cargos de responsabilidad en el estamento arbitral es susceptible de ser considerada una falta muy grave según la ley del deporte. También según el reglamento de la Real Federación Española de Fútbol, que impide ofrecer y aceptar «dádivas», «beneficios» e incluso «invitaciones a terceros». Y lo que es más significativo, podría llegar a ser considerado un delito de corrupción entre particulares según la fiscalía.

Las experiencias acumuladas en múltiples casos de corrupción política han demostrado reiteradamente que cuando un pago no corresponde a un servicio efectivamente recibido sino a informes fantasmas vacíos de contenido o de los que nadie sabe nada, es que ha sucedido una contraprestación inasumible públicamente. Las cantidades manejadas son demasiado altas y el periodo durante el que se facturaron demasiado sospechoso (según cual sea la versión, los pagos se suspendieron cuando el Barça de Bartomeu tuvo que ajustarse el cinturón o justo cuando Enríquez Negreira dejó su cargo y con ello su potencial influencia) como para que el club no explique con mucha claridad en qué consistían esos servicios. Y si su valor se correspondía más a qué ofrecía la empresa en cuestión o a quién era quien se beneficiaba de una transacción económica más que sustanciosa. La respuesta de la actual directiva del Barça, asegurando que las informaciones coinciden sospechosamente con un buen momento deportivo del club, han sido simplemente impresentables. Tanto como cínicas son las acusaciones llegadas desde otras instancias inmersas en más de un conflicto de intereses o uso de influencias opacas. Pero los datos que han trascendido exigen explicaciones y no excusas. Si Joan Laporta, en su primera etapa, consiguió hacer realidad la imagen de un Barça triunfante y enterrar el eterno victimismo quejumbroso de etapas anteriores, ahora ha reaccionado de una forma más acorde a los tiempos de Guruceta que a los de cualquiera de los ‘dream team’. Un signo más de regresión que de reconstrucción del club.

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