Últimamente la Unión Europea (UE) está siendo muy discutida, y se está llegando a cuestionar su legitimidad e, incluso, continuidad. Sin duda, el hecho más llamativo de país y ciudadanos en contra de sus políticas fue el del Reino Unido que llevó al Brexit, lo que también ha supuesto en cierta medida el pistoletazo de salida para considerar que de forma efectiva la UE puede ir desgajándose poco a poco. Yo siempre he sido muy pro Unión Europea, pero eso no quita que su deriva, y el papel jugado en los últimos años, esté siendo bastante discutible y que quizás desde las instancias comunitarias se tendrían que replantear muchas cuestiones.
Si se hace un repaso de ellas, la primera que genera cierto malestar es que el país donde está situado el corazón político de la UE albergue tranquilamente a delincuentes de otros países comunitarios. Ahí está el ejemplo de los independentistas catalanes, aunque lo que realmente ha hecho que su moralidad siempre sea muy discutida es su papel en la no extradición de etarras, incluso denegando euroórdenes. A partir de esto nos podemos preguntar por qué Bélgica. El motivo principal es de origen histórico. En 1948 se crea la Unión Europea Occidental, un organismo de carácter defensivo formado por Francia, Bélgica, Reino Unido, Luxemburgo y Países Bajos, eligiéndose como sede Bruselas por su tradición de neutralidad en conflictos bélicos. Después, cuando se formó la Comunidad Económica Europea, la sede se dejó allí. Aunque, quizás se debiera haber considerado lo contrario, es decir, que un país que se pone de perfil continuamente puede que no sea de fiar. En cualquier caso, habría que ir planteando una descentralización de las instituciones europeas y que fueran albergadas por diferentes países, lo que sin duda daría lugar a una percepción de mayor proximidad.
Otra cuestión ha pasado a ser los burócratas y la burocracia. Resulta curioso, pero no he conseguido encontrar el número total de empleados de la UE. He visto que hay unos 38.000 (funcionarios o laborales) que trabajan para la Comisión Europea, unos 8.000 para el Parlamento y unos 3.500 en el Banco Central Europeo, con sueldos que oscilan desde los 2.300 hasta los 16.000 euros al mes y que están exentos de IRPF. Esto sin contar políticos como los 705 parlamentarios. Pero quizás el problema no venga tanto por ahí como por la cantidad de regulaciones que limitan la libertad, entre ellas la económica, y que terminan siendo necesarias para justificar la dimensión de las propias instituciones. Ejemplo de lo primero son las tradicionales reclamaciones de los agricultores, a los que se les exigen importantes requerimientos ambientales mientras se importan productos agroalimentarios de países donde, desde luego, no cumplen ni la mitad de la mitad de lo exigido aquí. Además de la cantidad de papeleo que hay que presentar, con los elevados costes de transacción que genera. De hecho, hay empresas que prefieren no recibir subvenciones de la UE, ya que esto coarta sus actividades potenciales y con ello su expansión.
La otra cuestión viene vinculada con políticas que han resultado un fracaso, como la nefasta política energética, donde no se ha conseguido ni energía verde ni para todos los ciudadanos ni a precios asequibles. Quizás el objetivo fundamental debería haber sido la independencia energética, como en Finlandia, y a partir de esta una apuesta por energías limpias, que quizás no hubiese llevado a la demonización de las nucleares que tanto daño está haciendo actualmente no ya a los bolsillos de los ciudadanos de la UE, sino a Ucrania, que está pagando el desastre alemán. Una Alemania que con su negativa a dejar de comprar gas y petróleo ruso está perdiendo a pasos agigantados una imagen de solidaridad y racionalidad en pro de una Polonia que ha sido advertida y multada en diferentes ocasiones por la UE, entre ellas por no cerrar una mina de carbón; de ese carbón contaminante que han estado quemando este invierno los propios alemanes. Y ni que decir de las políticas económicas, de las que ya he hablado en esta columna. La barra libre de fondos para países a los que les gusta el déficit público y la actual permisividad con esos presupuestos fundamentados en desmanes de gasto está llevando a países como España a requerir una intervención de los hombres de negro no muy tardía; obviamente la UE no es responsable del desastre de gobierno en España, pero no solo lo está permitiendo, sino que además lo está financiando con fondos europeos que se reparten sin ton ni son.
