Sistema público de pensiones

Previo a entrar en materia conviene definir los conceptos que titulan el presente escrito: Sistema.- Conjunto de dos o más ecuaciones con varias variables que consigue el equilibrio cuando dichas variables alcanzan un determinado valor. En el tema que nos ocupa, las variables son principalmente dos: estabilidad en el empleo y salarios suficientes.

Público.- Avalado, gestionado y garantizado por el Estado

Pensión.- Cuantía vitalicia que abona la Seguridad Social conforme a determinados requisitos.

La Constitución Española de 1978, en los artículos 41 y 50 establece las claves que definen nuestro Sistema de Pensiones: Toda la ciudadanía ((universalidad) tiene derecho a una pensión suficiente, actualizada periódicamente y gestionada por un Sistema Público de Seguridad Social.

Para un desarrollo eficaz de estas claves, el desarrollo normativo debe venir precedido de un gran acuerdo político social. El tema de las pensiones no es algo que sólo afecta a los 10,5 millones de pensionistas de este país. Es un tema de Estado que afecta a toda la ciudadanía. Por otro lado, no podemos olvidar los principios en que se fundamenta nuestro Sistema de Pensiones: contributivo y solidario -entendiendo este último aspecto a un doble nivel: intergeneracional (las personas trabajadoras en activo financian las pensiones de las personas jubiladas) y de reparto-, e interterritorial -caja única-. Desde esta perspectiva, CCOO, como primera fuerza sindical representativa de este país, tiene que estar presente en los procesos de negociación que se establezcan.

Las propuestas que se concreten deben encaminarse hacia la sostenibilidad (que sirvan para los y las pensionistas actuales y futuros) y el equilibrio financiero. Es necesario el reforzamiento de los ingresos, ordenación justa del gasto y revisiones periódicas para analizar los comportamientos del Sistema porque, mediada la década de los cuarenta, nuestro Sistema Público abonará más de 15 millones de pensiones cuyos titulares presentan cargas buenas de cotización y que, como consecuencia del aumento de esperanza de vida, las percibirán durante una media de veinte años.

Bajo esta perspectiva han de valorarse los acuerdos suscritos por Gobierno y agentes sociales el 1 de julio y 16 de noviembre de 2021 (este último no suscrito por las organizaciones empresariales). En estos acuerdos se ha trabajado sobre tres líneas básicas:

- Reforzamiento de los ingresos mediante la adecuación de las cotizaciones a los ingresos reales y un aumento de las mismas (0,5% empresarios y 0,1% trabajadores) a partir de 2023 y asegurando unas transferencias anuales por parte del Estado del 2% del PIB. En los PGE para 2022 se recoge una partida de 36.000 millones de euros.

- Mejora de la suficiencia de las pensiones mediante la actualización de la cuantía de las pensiones conforme al IPC medio, derogando el factor de sostenibilidad que suponía una disminución de la cuantía inicial de la pensión y una disminución equitativa de los reductores de pensión para aquellas personas que decidían voluntariamente adelantar su jubilación o se veían obligadas a jubilarse por despido.

- Reconocimiento de nuevos derechos mediante la equiparación de la pensión de viudedad para las parejas de hecho (18.200 en Córdoba y más de 1.800.000 en España) y mejoras en la cotización de personas becarias, cuidadores de dependencia, incapacidad temporal fijos – discontinuos y reconocimiento como cotizado del servicio social femenino obligatorio.

Con ser importantes los avances conseguidos, el proceso no ha concluido. Es necesario y urgente abordar la subida de las pensiones mínimas y lo que es más importante, abordar la derogación de aquellos aspectos de la legislación laboral que propician la precariedad en el empleo y bajos salarios, aspectos que, como dijimos al principio, son básicos para la construcción de una pensión digna.

** Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Córdoba