Enésimo revolcón de la Justicia al legislativo. Esta vez, el Tribunal Constitucional ha tumbado, de momento, el impuesto de plusvalía municipal. Seguramente lo han vivido en sus propias carnes. Lo habrán tenido que pagar al vender o recibir en herencia o donación una vivienda. Grava la revalorización del suelo urbano sobre el que está construida. Porque durante muchos años ha sido así, el terreno se revalorizaba con el paso de los años y era un buen motivo para que la Administración local también se beneficiara de una operación entre particulares. Los ayuntamientos, especialmente con la burbuja inmobiliaria, encontraron un filón económico extra en ese tributo. Por eso ya han puesto el grito en el cielo. Aunque esté ya en marcha la modificación de la ley para que puedan seguir cobrándolo.

Ha sido el penúltimo desencuentro entre los poderes judicial y legislativo. Horas antes, el mismo tribunal declaraba inconstitucional el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez entre noviembre de 2020 y mayo de 2021 por la pandemia. Cree no razonados o infundados algunos motivos y delegaciones competenciales.

Estos dos ejemplos son solo eso. Ni los únicos ni los últimos. Sin embargo, acumulamos ya demasiados como para reflexionar sobre la tardanza de los pronunciamientos. En el caso del impuesto de plusvalía, millones de personas lo han abonado como buenos ciudadanos y contribuyentes. Cuando tocaba, cuando se lo ordenaron. Algunos se van a librar de pagarlo durante el tiempo que al Gobierno le cueste modificar alguna ley para posibilitar que los consistorios continúen cobrándolo. En el caso del estado de alarma, millones de personas vimos limitados nuestros derechos sabiendo ahora que, pudiendo ser una decisión acertada, no se realizó con la fórmula correcta.

Más allá de uno y otro, ¿qué pasa con el regusto a cosa mal hecha que se queda con este tipo de decisiones? No se trata de enfrentar a un poder y otro porque es evidente que la justicia debe validar la acción gubernamental para garantizar que actúa conforme a Derecho. La cuestión es si hay posibilidad de poner fin a este vaivén en el que no cabe rectificación posterior alguna. Solo tragar y esperar a la próxima.

Desconozco si la solución es dotar de mayores recursos humanos y materiales a los tribunales, habilitar nuevos procedimientos de control o simplemente pedir más rigurosidad a nuestros gobernantes. Pero algo, lo que se dice algo, habría que hacer. Porque habrá más casos. De eso no hay duda. Si ya se resolvieran con algo más de celeridad sería extraordinario.

*Periodista