La apertura del nuevo curso judicial pone el foco en las luces y sombras de uno de los pilares fundamentales de la democracia y del Estado de Derecho. El papel de la judicatura para garantizar la aplicación efectiva de las leyes y, con ello, el marco de convivencia democrático, resulta esencial en el ejercicio cotidiano de nuestras libertades y derechos, como nos recuerda la Comisión de Venecia. Justicia que, además, encarna a uno de los tres poderes del Estado y que, como índica la propia Constitución en su Título VI, emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Sin embargo, la ciudadanía percibe con lejanía esa independencia judicial conforme al último eurobarómetro de opinión, que nos sitúa en el quinto país por la cola de toda Europa. Un 50% de los ciudadanos españoles tienen una percepción «bastante mala o muy mala» de la independencia de los tribunales y jueces del país, principalmente por las interferencias o presiones políticas. Todo lo contrario de Austria o Dinamarca, donde el 90 % de sus ciudadanos creen que sus tribunales son totalmente independientes. Si bien, todo ello más percibido respecto de los órganos superiores de justicia que respecto de los de primera instancia de tantos pueblos y ciudades que son la inmensa mayoría. Por su parte, la Fundación Alternativas señaló en un estudio reciente que el 62,3% de los jueces españoles considera que el CGPJ no cuenta con los mecanismos y procedimientos adecuados para defender eficazmente la independencia judicial. Cabría preguntarse quiénes son los responsables de esa imagen que tan injusta resulta para quienes conocemos de cerca el perfil humano y profesional de los titulares de nuestros órganos judiciales y la dedicación con la que acometen su trabajo.

Otra cuestión, de la que poco se habla no siendo menor, es la gran carencia de medios de la justicia española. Si la media europea es una ratio de 21 jueces por 100.000 habitantes, es nuestro país estamos en la mitad, con una tremenda conflictividad judicial y unos retrasos intolerables de años en la resolución de los conflictos por la falta de recursos humanos y medios técnicos. Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, escribía Séneca.

Uno de los hándicaps con los que comienza el curso, también es la falta de reformas legales que actualicen la justicia y la hagan más operativa. Tanto la reforma de la planta judicial para terminar con esos juzgados únicos que colapsan tantas localidades acudiendo a modelos más colectivos de trabajo como la reforma de leyes procesales que implementen la mediación extrajudicial y profesionalizada, por ejemplo, en multitud de conflictos que no debieran llegar a los tribunales.

El debate actualmente, no obstante, ante la falta de acuerdo político, está más centrado en la renovación o bloqueo de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato expiró hace años. La ley de 1.980 recogía un sistema mixto de elección que fue modificado en el año 1985 y después en el año 2001, correspondiendo a la Cámaras su nombramiento exclusivo con mayorías muy cualificadas. El nulo entendimiento político y la falta de acuerdo lastra la calidad democrática y nos aleja de los estándares europeos que sugieren volver a ese nombramiento mixto del órgano de gobierno de los jueces, aunque las referencias europeas son muy dispares, garantizando esa independencia que se corresponda con una cultura democrática que, demasiadas veces, deja bastante que desear.