Cuando veo avances democráticos casi que rejuvenezco; la restitución de las víctimas silenciadas de la Guerra Civil gracias a la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Dependencia que ahora parece tan necesaria pero que es de mérito reciente, el final de ETA, que ya no asesinó a nadie más... hasta dejar de fumar en sitios cerrados públicos, tan criticado al principio y sin embargo hoy lo que cuestionamos es cómo pudimos permitirlo tanto tiempo. Incluso se pudo haber solucionado el problema catalán con la aprobación del Estatuto si no se hubiese recurrido. Es verdad que a este gobierno le ha explotado una crisis terrible con la pandemia y, al contrario de lo que dicen por ahí, para mí, el presidente ha tenido una templanza admirable. Y los apoyos económicos materializados en la Renta Vital cruciales. Pero después de ver algunos aspectos de la próxima ley de Memoria Democrática, hay cosas que no pasan mi filtro jurista porque cuela sectarismo. La verdad no es a la carta y la historia, menos. He leído que se pretende introducir en el Código Penal la apología del franquismo como tipo delictivo. Veamos: llegamos a 1975 y a una democracia que para su implantación precisa una transición y no una ruptura total dado el apoyo al régimen dictatorial no solo de altas esferas sino de muy importante masa popular. Por ello no hubo más remedio que transitar a través de los llamados Pactos de la Moncloa, para acercar posturas. El principal pacto fue la Constitución actual. Que a muchos nos hubiera gustado otra es otro tema, pero no otra historia. Por tanto, elaborar un tipo penal que no respeta el principal pacto vigente de primer orden legal lo vuelve anticonstitucional por ir en contra del espíritu constituyente. Y a nuestra Carta Magna hay que respetarla, no por su estructura territorial o conceptual sino por el mandato incuestionable de las urnas. El día que se derogue este pacto social y se vote otro, podremos plantear introducir este tipo penal pero no antes so pena de legislar al margen de la Constitución, lo que provoca la tremenda contradicción de legislar ilegalmente. Y hablando ya desde otro plano no tanto de carácter legal como de coherencia ética, existen contradicciones en los promotores de este tipo penal que les resta credibilidad. Lo digo porque no es muy honrado condenar la dictadura franquista y no condenar la dictadura castrista. Porque incluso contando que Castro fuera un Santo (que no lo es), un dictador no es solo el que instaura la arbitrariedad como forma de gobierno sino aquel que crea los mecanismos legales necesarios para que su poder absoluto no sea cuestionado durante décadas y a veces hasta la muerte. Sé que esta columna va a doler incluso al que escribe. Pero es que la verdad, como la historia, a veces, duele.