"…los jueces no deben meter las narices en el asunto de los indultos, pues la prerrogativa de gracia es un poder exclusivo del Ejecutivo…" Esta frase de Soraya Sáenz de Santamaría (abogada del Estado) es definitoria sobre la posición del Partido Popular en este tema.
En definitiva, según la Constitución de 1978, la Ley de 1870 y la jurisprudencia existente, el indulto no es un acto jurídico sino político. Es pues lógico que el tribunal sentenciador sea reacio a avalar el perdón de una pena que él mismo ha impuesto. En este sentido, el Art. 25 de la Ley de 1870 establece que el tribunal sentenciador hará constar en su informe el tiempo de prisión preventiva, su conducta, las pruebas o indicios de su arrepentimiento, y si hay o no parte ofendida. Ello pone de relieve que el arrepentimiento (o su simulación) no aporta validez al acto.
"Según la jurisprudencia existente, el indulto no es un acto jurídico sino político"
En el sentido anterior, es oportuno indicar que de los aproximadamente 1.300 indultos concedidos por Rajoy, 180 lo fueron con informes en contra del Tribunal Supremo, y que el expresidente Aznar cuenta con el récord de indultos con 5.948, entre ellos el de los terroristas de Terra Lliure. Por ello, resulta sorprendente observar al licenciado en Derecho señor Casado afirmar que los indultos del
procés son ilegales. Buen nivel.
Cualquier ciudadano tiene el derecho a admitir o rechazar el perdón a estos individuos, mas con el mismo énfasis indicar que cualquier gobierno lo tiene para valorar la oportunidad o no del mismo. Esta doble morar del PP demuestra su desconcierto. La sombra de Vox es alargada.
(*) El autor es exalcalde de Baena y exparlamentario andaluz
