En medio de la impresentable bronca política entre diputados y bajo el impacto de la noticia de que los siete miembros de los Comités de Defensa de la República detenidos en la Operación Judas habían sido enviados a prisión por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el Parlament de Cataluña regresó el jueves pasado a la estéril senda del choque institucional y a tomar decisiones que, como ha señalado el Gobierno, alteran la convivencia. La institución aprobó unas resoluciones que avalan la desobediencia como respuesta a la inminente sentencia del Tribunal Supremo (TS) a los líderes políticos y sociales del procés, que instan a impulsar la amnistía de los presos y la autodeterminación y que exigen la salida de la Guardia Civil de Cataluña. El Gobierno anunció ayer que piensa recurrir al Tribunal Constitucional (TC) estos acuerdos. Dos tribunales, el TC y el TS, que el Parlament, en otra resolución aprobada, afirma que rechaza porque forman parte de las «imposiciones antidemocráticas del Estado español».

Tras un tiempo en el que la retórica unilateralista se había reducido más a gestos que a acciones, las resoluciones aprobadas -pese a que no tienen peso normativo- marcan un regreso a la estrategia de la confrontación por parte del independentismo, que, además, entra en la peligrosa espiral de justificar lo injustificable, pues las pruebas obtenidas muestran una intencionalidad violenta en los detenidos. Junts per Catalunya se siente cómodo en ella, no así ERC, que en los últimos tiempos se había esforzado por evitar una espiral de tensión. El hecho de que se aprobaran estas mociones muestra lo complicado que será gestionar la sentencia del TS en caso de que sea dura con los encausados.

Resulta preocupante que cuando aún no se conoce el fallo la tensión (verbal y política) haya regresado tanto en Barcelona como en Madrid. En el Parlament, fueron lamentables las escenas y falta de respeto. En Madrid, los partidos de la derecha y cierta prensa han equiparado al independentismo con el terrorismo de ETA a cuenta de la operación Judas, lo que hoy parece excesivo. El Gobierno de Pedro Sánchez insistía en que no se dan las circunstancias para aplicar el artículo 155, pero la presión de la derecha aumentará a medida que se acerque el 10-N. La cita electoral no ayuda a serenar los ánimos. La coincidencia de la campaña con la sentencia es una de las consecuencias negativas del fracaso de la izquierda en las negociaciones de la investidura.

En Barcelona, el president Torra volvió a gesticular con la desobediencia a la justicia. Cuando los Mossos se disponían a retirar la pancarta por la liberación de los presos, Torra ordenó quitarla para que se colgara otra en favor de la libertad de expresión, como en la campaña electoral del 28-A. Por tanto, pese a toda la retórica, acabó retirando la pancarta como dispuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC). Pero, por el camino, se tensa a la sociedad catalana y española en un momento en que urge responsabilidad y evitar la confrontación.