Parece ser que la vicepresidente Sáenz de Santamaría ya tiene un despacho instalado en Barcelona para encabezar las negociaciones con los independentistas. Este futuro entendimiento ha sido pregonado por el Gobierno para propagar que se va resolver en gran medida el problema separatista; ahora bien, negociar el qué. Exactamente, ¿qué se va a negociar?. No lo dicen y probablemente no lo van a decir, porque los que están en la dirección de los grandes partidos políticos infravaloran enormemente a los ciudadanos que les votan. Pero la gente no es tonta, y se da cuenta de que ante los grandes problemas la clase política no parece estar a la altura de las circunstancias. Esta misma visión de la ciudadanía de que los políticos actuales son incapaces de resolver los asuntos graves se ve en el tema catalán. Decía Ortega y Gasset que el problema catalán no se puede resolver sino solo conllevar. Esto parece que ha sido asumido por la clase política que rige nuestro país, y se trata de un problema que no solo no han resuelto, sino que ellos mismos han permitido que se agrandase primeramente desde la Transición. De ese tiempo hasta la actualidad los nacionalismos periféricos no han parado de crecer, alentados por la inacción de los que deberían pararlos, unos partidos que se dicen constitucionalistas pero que son incapaces de aplicar la Constitución, ya sea por cobardía, no saber cómo hacerlo o por interés, porque les convenía el apoyo de los separatistas en el Congreso de los Diputados o que no diesen mucha guerra, porque lo mejor es evitar los conflictos y no queremos dar lugar a conflictos. Así que, lo mejor es callarlos dándoles más dinero, transferir más competencias, parar las pesquisas de los fiscales que actuaban contra la corrupción (pasó en el ‘caso Banca Catalana’, en 1984) y pactar con ellos en secreto.

Cada vez la gente está más harta de que los dirigentes políticos los engañen descaradamente en este y en otros problemas. Hasta ahora se ha visto que la clase política respecto al separatismo ha demostrado tener muy poca firmeza y valentía en la aplicación de la legalidad constitucional y las sentencias judiciales. Ahí siguen sin hacer nada y los ciudadanos asqueados de que los ignoren.

Llevamos en democracia con este problema de los nacionalismos durante cerca de cuarenta años y ya va siendo hora de afrontarlo de una forma contundente, dejar de seguirles su juego victimista, que les ha sido muy rentable, pero que hay que combatirlo denunciando su falsedad y propagar la verdad de lo que realmente pasa en esas regiones donde el nacionalismo ha polarizado la política y la sociedad. Esa sociedad debe saber que las instituciones garantizan sus derechos recogidos en nuestra Constitución. No será un camino fácil, pero debe hacerse, sean cuales sean las vicisitudes que se produzcan ante esta necesidad de afrontar este conflicto, con la determinación que se requiere.

* Licenciado en Historia