¿Ciudadanía en transición?

Ciudadanía es un concepto complejo que recoge y describe el status de los individuos en sus sociedades de pertenencia. Su significado ha cambiado históricamente, pues ha estado vinculado a circunstancias tales como el hecho de ser libre (en el mundo antiguo) o a la propiedad privada. Revoluciones como la americana y la francesa significaron impulsos indiscutibles para la concepción de la ciudadanía, que más tarde daría lugar a la concreción de derechos políticos y civiles, y sociales posteriormente. Actualmente esta se define en relación con los vínculos de pertenencia a un Estado (por la nacionalidad), y en nuestro entorno político y económico por los vínculos con el mercado de trabajo.

Los actuales cambios en curso de las sociedades occidentales afectan a la noción de ciudadanía, cuestionándola tal como la conocemos. Por acotar el espacio, en la propia Unión Europea el requisito de la nacionalidad parece obsoleto si se tiene en cuenta que los imperativos sociales de individualización y movilidad son ya axiomáticos. Aspectos como formación, empleo, relaciones personales o políticas transcurren hoy en escenarios supranacionales para buena parte de los ciudadanos europeos, que se ven excluidos de determinados derechos por su origen. En el caso de los individuos extracomunitarios, la exclusión de la condición de ciudadano es bastante más compleja y dramática, como muestra cada día la situación de los refugiados, entre otros.

Pero hay otra dimensión del concepto de ciudadanía que también me preocupa. Se trata del requisito de tener una relación laboral formal para acceder a derechos sociales como las pensiones o las prestaciones por mater/paternidad, por poner un ejemplo. Este requisito genera desigualdades estructurales que afectan a mujeres y a trabajadores informales. Es decir, que la ciudadanía esconde desigualdades que, en ningún caso, afectan a las élites.

Si realmente creemos en la bondad de la democracia como sistema político, debemos creer en uno de sus presupuestos fundamentales: el reconocimiento de la libertad (no ser esclavo ni objeto de dominación) como medio para alcanzar la mejor sociedad posible. Para ello, los aspirantes a ciudadanos deben tener los medios. Garantizarlos no es fácil, nunca lo ha sido. Ni siquiera si una mayoría significativa de ciudadanos comparte la necesidad de una Renta Básica Universal de Ciudadanía Garantizada, que permitiría erradicar la pobreza absoluta y problemas derivados de ella. No obstante, esta es solo una vía. Previo a ello es reconocer el valor que tienen todas las actividades sociales, ya sean productivas o reproductivas, porque las mujeres que crían, cuidan y limpian también contribuyen a la construcción de su sociedad, como los maestros o los agricultores. Solo por esto deberían tener derecho a una pensión digna, a saber: ser ciudadanas.

* Doctora en Sociología, IESA-CSIC