Toda la información disponible vuelve a mostrar el fracaso del Código de Buenas Prácticas y de la Ley 1/2013, mal llamada de "medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social".
Según los datos del INE en el 1er trimestre de 2014 se han producido un total de 32.565 procesos de ejecución hipotecaria, lo que supone un 19,5% más respecto al mismo trimestre del 2013. El Banco de España informa que en 2013 se perdieron 50.000 viviendas por impago de la hipoteca, de las cuales la inmensa mayoría (39.000) fue de primera vivienda. En este dato alarmante, no obstante, no se contabilizan los desahucios por impago de alquiler.
Y el informe de FUNCAS pone de manifiesto que solo el 0,03% de las familias hipotecadas se ha beneficiado de una reestructuración de su deuda y apenas un 0,1% de los que podrían solicitar una dación en pago en caso de que fuese universal se le ha permitido acogerse a la misma. Unicamente se ha paralizado el desahucio durante dos años del 1% de los hogares potencialmente beneficiarios, mientras que solo el 2% de los hogares que ya se han quedado sin vivienda con motivo de una ejecución hipotecaria han ocupado una de las viviendas que constituyen el Fondo Social de la Vivienda.
El pasado mayo de 2013, el Partido Popular aprobó en solitario la ley 1/2013, rechazando las medidas propuestas por la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, que llegaba al Congreso con un millón y medio de firmas de apoyo.
Un año después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelve a dejar en evidencia la norma injusta que rige en nuestro país. El TJUE establece que la actual legislación hipotecaria viola los derechos fundamentales de las personas, y sitúa al deudor hipotecario en una situación de desigualdad. La sentencia obliga, de nuevo, a modificar la legislación, en este caso la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El Gobierno también ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley Función Social de la Vivienda en Andalucía. Esta ley permitía la expropiación temporal de viviendas a los Bancos y sanciones a las que no estuvieran disponibles en el mercado de alquiler. Esta norma estaba frenando los desahucios en Andalucía y con su suspensión ha subido en cinco puntos el porcentaje de ejecuciones hipotecarias que se convierten en lanzamientos. La ley paraba los desahucios en Andalucía, lo que no ocurre ahora porque no existe ese efecto disuasorio.
Los socialistas exigimos al Gobierno que se paralicen de forma inmediata todos los procedimientos de ejecución hipotecaria y se retire el recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley andaluza. También exigimos un cambio normativo que incorpore la moratoria de los desahucios hasta la conclusión de la crisis, la dación en pago retroactiva, el parque de alquiler social, la expropiación temporal de viviendas a los Bancos y un régimen sancionador para las viviendas de los Bancos no disponibles en el mercado de alquiler.
Hay que parar los desahucios en este país, son ya 540.000 desahucios desde el inicio de la crisis y un drama humano inadmisible e insostenible.
* Diputado Socialista. Portavoz adjunto de Economía
