Los casos ébola resultantes en falsas alarmas que se han dado hasta la fecha en España han tenido casi siempre una respuesta informativa rápida y adecuada por parte de las administraciones autonómicas en las que se han registrado. No debería ser destacado, porque lo que se espera de los gobernantes es que actúen con sentido común e informen con prontitud y claridad a la población sobre todo lo que puede afectar a la salud pública. Pero merece ser subrayado a la vista de lo sucedido hace pocos días en Valencia, donde la Administración autonómica no informó de un presunto caso hasta que los rumores sobre su existencia eran ya muy ruidosos. La opacidad informativa en asuntos de interés general no es nunca buena, excepto en las muy contadas ocasiones en las que debe aplicarse para preservar un bien superior. No es el caso de la evolución de la tremenda epidemia de ébola que afecta a una parte de Africa, donde ha causado ya más de 1.400 muertos: la población de los países a los que podría llegar algún afectado debe ser tratada sin alarmismos, pero también sin paternalistas enmascaramientos de la realidad. La preocupación por la extensión de la enfermedad debe ser la justa, porque los expertos indican que el riesgo de que se propague en los países occidentales es muy bajo. Razón de más para temer que la opacidad informativa pudiera acabar generando una injustificada paranoia entre la población española. El sentido de la responsabilidad de la Administración no pasa por tratar a los ciudadanos como menores de edad.
